IBI Cáceres
2026

Contexto: la fiscalidad inmobiliaria de Cáceres

Cáceres es una de esas capitales españolas en las que el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, convive con barrios de crecimiento reciente y con un extenso término municipal de carácter rural que tira hacia abajo de la media de los valores catastrales.

Esta dualidad —una ciudad monumental densa por dentro y un municipio amplio y poco poblado por fuera— condiciona de raíz el comportamiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, porque el padrón no se nutre solo de pisos urbanos, sino también de muchas parcelas rústicas e inmuebles no residenciales que matizan el peso del impuesto en la economía doméstica de los cacereños.

Frente a la imagen del IBI como un tributo que dispara sus recibos en las urbes turísticas del litoral, la capital cacereña ofrece el contrapunto del interior: una ciudad media, sin tensiones especulativas agudas y con una administración que ha optado, ejercicio tras ejercicio, por sostener la recaudación sobre la vivienda con un tipo que ya no se mueve en la franja más moderada de la ley.

El IBI es, como en cualquier municipio de régimen común, la columna vertebral de los ingresos tributarios propios del Ayuntamiento de Cáceres. A diferencia de las transferencias del Estado o de la Junta de Extremadura, depende de dos palancas que sí están en manos del pleno municipal: el tipo de gravamen de la ordenanza y la base imponible que resulta de los valores catastrales.

En una capital con un tejido empresarial limitado, el IBI es el sostén imprescindible para financiar el alumbrado, la limpieza viaria, el mantenimiento de un casco histórico exigente y el resto de servicios urbanos. De ahí que la política de tipos no sea un gesto menor: cada décima que se mueve en la ordenanza repercute tanto en la caja municipal como en el bolsillo de los propietarios.

En lo relativo a las revisiones catastrales conviene ser prudente y no atribuir a Cáceres una ponencia de valores concreta sin certeza documental.

Lo que sí puede sostenerse es que el municipio mantiene en 2026 un tipo urbano del 0,72 %, situado en la franja media-alta de la horquilla legal, lo que sugiere que el equipo de gobierno ha preferido asegurar un nivel de recaudación firme sobre la vivienda antes que apoyarse en grandes actualizaciones de bases imponibles, estrategia coherente con una ciudad que necesita sostener sus ingresos propios sin depender de revisiones catastrales agresivas.

El resultado es un IBI que, sin ser de los más gravosos del país, se sitúa en una posición media-alta entre las capitales de territorio común.

El tipo de gravamen en perspectiva

El tipo urbano del 0,72 % que aplica Cáceres en 2026 es la cifra que mejor resume su política fiscal sobre la vivienda.

Para situarlo, conviene recordar que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los municipios moverse, con carácter general, dentro de una horquilla que va del 0,4 % al 1,10 % para los bienes inmuebles urbanos, de modo que el 0,72 % de la capital cacereña se ubica en la franja media-alta de ese recorrido legal, superado ya el punto medio de la banda.

No es el máximo que la ley consiente, pero está más cerca del techo que del suelo, y eso lo coloca en el mismo nivel exacto que Badajoz, la otra capital extremeña, y por encima de la media del conjunto nacional.

Cuando un ayuntamiento fija un tipo así, está enviando un mensaje distinto al de la pura moderación: necesita sostener la recaudación sobre la vivienda urbana y no ha optado por llevar el tipo hacia el suelo legal, como sí hacen otros municipios de perfil similar.

Ese nivel responde al perfil de una ciudad de interior que, pese al reto de retener población, depende del IBI urbano como una de sus pocas fuentes de ingresos propios de peso, lo que explica que el tipo no se haya quedado en la franja más moderada pese al problema demográfico que afecta a buena parte de Extremadura.

El 0,72 % se complementa con tipos coherentes para el resto de categorías: la ordenanza fija un 0,87 % para los bienes de naturaleza rústica —relevante en un término municipal con tanta superficie no urbana— y un 1,3 %, el máximo legal, para los bienes inmuebles de características especiales, la categoría que engloba grandes infraestructuras como autopistas de peaje, presas o centrales de energía. Los inmuebles urbanos no residenciales de más de 350.000 euros de valor catastral tributan al 1 %.

Este cuadro tiene fecha de caducidad.

El Pleno aprobó definitivamente en septiembre de 2026, con los votos del Partido Popular y de Vox y en contra del PSOE y de Unidas Podemos, una modificación de la ordenanza que baja el tipo urbano del 0,72 % al 0,70 % y el rústico del 0,87 % al 0,85 %, y que suprime el tipo del 1 % de los inmuebles no residenciales de alto valor, que pasarán al tipo general.

El impuesto se devenga el 1 de enero, de modo que el recibo de 2026 no cambia y la rebaja se notará en el de 2027: una vivienda de 200.000 euros de valor catastral pasará de 1.440 a 1.400 euros.

La tabla siguiente ordena estos tres tipos y los pone en relación con la horquilla legal para que se vea de un vistazo cuánto margen le queda al municipio en cada categoría. No reproduce la tabla de tipos básica de la ficha, sino que añade la lectura de cada tipo dentro de la banda que permite la ley y el lugar relativo que ocupa Cáceres.

Categoría de inmueble	Tipo en Cáceres 2026	Horquilla legal de referencia	Lectura
Urbano (viviendas, locales, suelo urbano)	0,72 %	0,4 % – 1,10 %	Franja media-alta: presión fiscal por encima del punto medio
Rústico (fincas y parcelas no urbanas)	0,7 %	0,3 % – 0,90 %	Tramo medio-alto del rango rústico
BICE (infraestructuras especiales)	0,6 %	0,4 % – 1,30 %	Tipo propio contenido para grandes activos

La conclusión es que Cáceres ha optado por una política de tipos poco diferenciada entre categorías: el urbano se sitúa en la franja media-alta de su banda, muy cerca ya del tipo rústico, de modo que tanto el vecino con vivienda en el casco urbano como el propietario de fincas en el extenso término municipal soportan una presión fiscal similar y superior al punto medio de sus respectivos márgenes legales.

Es la fotografía de una capital que no reserva un trato especialmente favorable a la vivienda urbana frente al resto de categorías, y que necesita que las tres bases tributen con cierta firmeza para sostener sus cuentas.

Las bonificaciones de Cáceres al detalle

La bonificación por familia numerosa del artículo 5.4 no es un porcentaje. La ordenanza la define como una bonificación lineal de 150 euros para las familias numerosas con tres hijos o menos y de 250 euros para las de más de tres hijos o aquellas en las que algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 33 %.

El descuento no puede exceder del 90 % de la cuota íntegra, límite que solo opera en recibos muy bajos. Se aplica a la vivienda habitual, exige que al menos los progenitores que figuran en el título estén empadronados en ella y solo vale el título expedido por la Junta de Extremadura.

El requisito que más descuentos hace perder es de calendario. La bonificación es rogada y hay que solicitarla cada año, dentro de los dos primeros meses del ejercicio, con fotocopia del título y, en su caso, el certificado de discapacidad. La ordenanza dice expresamente que la solicitud presentada fuera de plazo se desestima. Quien la obtuvo en 2026 tiene que volver a pedirla en enero o febrero de 2027.

La vivienda de protección oficial, y la equiparable según la normativa de Extremadura, tiene la bonificación del 50 % durante los tres periodos impositivos siguientes al de la calificación definitiva, a petición del interesado, y otros tres años más al 50 % que el Ayuntamiento aplica a las viviendas que ya venían disfrutándola. Son seis años en total.

La bonificación por energía solar del artículo 5.5 es del 50 % de la cuota íntegra durante los cuatro periodos impositivos siguientes al de la inscripción de la instalación en el registro competente, con un máximo de 220 euros al año en los inmuebles que no están en régimen de propiedad horizontal y de 100 euros al año en los pisos y locales de un edificio con instalación compartida.

Solo cubre las instalaciones de aprovechamiento eléctrico, no las térmicas. La potencia pico debe ser de al menos 3 kWp, o de 300 Wp por vivienda o local vinculado en las instalaciones compartidas; la licencia de obras debe ser previa a la instalación; el titular de la instalación debe coincidir con el del inmueble, y no bonifica las instalaciones obligatorias ni las ampliaciones o sustituciones.

Quedan fuera las plazas de garaje y los trasteros, los inmuebles rústicos y los de características especiales, y las instalaciones para zonas comunes de las comunidades de propietarios.

Las dos bonificaciones repiten la misma regla de concurrencia: si el contribuyente tiene derecho a más de un beneficio fiscal de la ordenanza, se le aplica únicamente el más beneficioso. La ordenanza no contiene ninguna bonificación por eficiencia energética distinta de la solar ni ningún recargo a la vivienda desocupada.

Caso práctico local: el recibo de una vivienda cacereña

Para aterrizar las cifras en un caso reconocible, imaginemos a una familia que reside en un piso de un barrio consolidado de Cáceres cuyo valor catastral asciende a 200.000 euros, la cifra que se toma como ejemplo de comparación entre capitales y que supera ampliamente el valor catastral medio real de la vivienda cacereña, unos 42.991 €, de los más bajos de las 46 capitales de régimen común.

Aplicando el tipo urbano del 0,72 % vigente en 2026, la cuota íntegra del IBI de esa vivienda asciende a 1.440 euros anuales. Es la cifra que encuentra en su recibo, en ese ejemplo, un propietario sin bonificación alguna, y un dato que sitúa a Cáceres en una posición intermedia-alta entre las capitales de territorio común para ese mismo supuesto, como veremos en la comparación siguiente.

Conviene recordar que mucha gente confunde el valor catastral con el precio de mercado: el primero suele ser sensiblemente inferior al segundo, de modo que la presión real del IBI sobre el patrimonio efectivo del contribuyente es todavía menor de lo que la cifra bruta sugiere.

Pensemos ahora en que esa misma familia tiene reconocida la condición de familia numerosa, con tres hijos. Si la solicita en enero o febrero, el descuento de 150 euros deja su cuota de 1.440 euros en 1.290 euros; con más de tres hijos, o con un miembro con discapacidad, los 250 euros la dejan en 1.190 euros.

Si en lugar de eso instala placas fotovoltaicas en una vivienda unifamiliar, el 50 % de la cuota serían 720 euros, pero el máximo de 220 euros deja el recibo en 1.220 euros durante cuatro ejercicios; en un piso con instalación compartida, el máximo de 100 euros lo deja en 1.340 euros. Las dos bonificaciones no se suman: a la familia numerosa con placas se le aplica la que más le rebaje.

El mensaje práctico para el vecino de Cáceres es que la cuota de partida se sitúa en un nivel medio-alto entre las capitales españolas, y que sobre ella existe un margen real de optimización para quien encaje en alguno de los perfiles bonificados. Quien quiera afinar su propio cálculo con su valor catastral exacto y simular el efecto de las bonificaciones puede apoyarse en la calculadora de IBI, que permite ajustar la base imponible y el tipo aplicable para obtener una estimación personalizada del recibo.

Cáceres frente a sus vecinas: una posición intermedia entre el interior y el litoral

Lo que de verdad distingue al IBI cacereño no se aprecia en solitario, sino comparándolo con otras capitales.

Los 1.440 euros anuales de esa vivienda de 200.000 euros de valor catastral sitúan a Cáceres en una posición intermedia entre el interior y el litoral, siempre en ese mismo ejemplo: por debajo de capitales como Cádiz, donde la misma vivienda de 200.000 euros de valor catastral soportaría una cuota del orden de 1.480 euros, o como Tarragona, donde ese recibo se dispararía hasta los 2.046 euros, y en pie de igualdad con Badajoz, la otra gran referencia extremeña, que aplica exactamente el mismo tipo.

La distancia con el litoral se mantiene, aunque más estrecha de lo que cabría esperar de una capital de interior: apenas unos cuarenta euros la separan de Cádiz, mientras que con Tarragona la brecha sigue siendo de varios cientos de euros, una diferencia que se explica por tipos más altos y bases catastrales más tensionadas en los mercados costeros.

El contraste más revelador, sin embargo, es el que se establece dentro de la propia Extremadura, frente a Badajoz, la otra capital de la comunidad.

Cáceres aplica su 0,72 % y Badajoz grava con exactamente el mismo tipo del 0,72 %, de modo que la vivienda equivalente pacense paga los mismos 1.440 euros que la cacereña: las dos capitales extremeñas han quedado empatadas en el recibo nominal, confirmando la intuición de que dos ciudades hermanas de una misma comunidad deberían tributar de forma parecida.

El matiz que sobrevive bajo ese empate es catastral: a igualdad de tipo, la factura real de cada hogar depende del valor que el Catastro asigna a cada inmueble, y ahí el parque pacense parte, de media, de valores algo más elevados que el cacereño. La tabla siguiente ordena esta comparación para una vivienda de valor catastral de 200.000 euros, tomando como referencia los datos manejados en este análisis.

Capital	Tipo urbano	Cuota orientativa (VC 200.000 €)	Diferencia frente a Cáceres
Cáceres	0,72 %	1.440 €	—
Badajoz	0,72 %	1.440 €	Misma cuota
Cádiz	—	1.480 €	+40 € al año
Tarragona	—	2.046 €	+466 € al año

La lectura de conjunto es que Cáceres ocupa una posición intermedia entre las capitales de territorio común: por debajo del litoral turístico y empatada con su vecina Badajoz, apoyándose en un tipo urbano que se aleja de la franja más moderada del rango legal. Para quien dude entre el interior o el litoral, este coste recurrente sigue siendo comparativamente contenido frente a Cádiz o Tarragona, aunque ya no sea el más bajo de la región, porque el IBI se paga todos los años durante la vida útil del inmueble.

IBI, reto demográfico y segunda residencia en el interior extremeño

Ninguna lectura del IBI cacereño está completa si se ignora el telón de fondo demográfico de Extremadura, una comunidad que lleva décadas lidiando con la pérdida de población y el envejecimiento de su territorio.

En ese contexto, el tipo del 0,72 % no se ha movido en la dirección que cabría esperar de una política de retención poblacional agresiva: el ayuntamiento ha optado por situarse en una franja media-alta antes que llevar el tipo hacia el suelo legal, lo que revela que la necesidad de sostener los ingresos propios pesa, al menos en el diseño de la ordenanza, tanto o más que el objetivo de abaratar al máximo el coste fiscal de la vivienda.

Frente a las capitales del litoral, que se permiten tipos altos porque la demanda es inelástica y la presión turística sostiene los precios, Cáceres se sitúa en un punto intermedio: no es de las capitales más gravosas del país, pero tampoco ha llevado su tipo a la franja más baja pese al reto demográfico que atraviesa la región.

Esta lógica enlaza con otro fenómeno muy presente en el interior peninsular: la segunda residencia y el arraigo de quienes, habiendo emigrado a otras provincias, conservan o heredan una vivienda en la ciudad o en los pueblos del entorno.

Para ese propietario no empadronado, el IBI es a menudo el principal —cuando no el único— vínculo fiscal recurrente con el municipio, y un tipo que, aunque ya no es de los más bajos de la región, tampoco resulta extremo dentro de la horquilla legal facilita que esas viviendas no se abandonen sin más por el peso del impuesto.

Conviene recordar que la ordenanza cacereña no aplica en 2026 el recargo sobre viviendas desocupadas que la normativa permite a los ayuntamientos: un inmueble vacío de la capital no soporta sobrecoste alguno por su condición de no habitado, de modo que quien tenga una segunda vivienda cerrada en Cáceres tributa exactamente igual que si la habitara.

Esa ausencia de recargo es coherente con la realidad de un territorio donde el problema no es la escasez de vivienda sino, a menudo, la abundancia de inmuebles infrautilizados con demanda débil.

El recargo a la vivienda vacía tiene sentido en mercados tensionados donde se quiere forzar la salida de pisos al alquiler, pero en una capital del interior con reto demográfico perdería buena parte de su justificación, y la ordenanza cacereña ha optado por no incorporarla.

El resultado es un IBI que no castiga al residente con un recargo adicional, ni al propietario de segunda residencia, ni a quien mantiene cerrada una vivienda heredada, aunque parta de un tipo urbano ya no tan moderado como en otras capitales de la región.

Calendario, domiciliación y recargos en Cáceres

El último capítulo imprescindible es el operativo: cuándo se paga, cómo conviene hacerlo y qué ocurre si uno se despista.

El periodo de cobro en voluntaria del IBI en Cáceres se extiende, según el calendario fiscal 2026 del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación de Cáceres —que gestiona el tributo por delegación del Ayuntamiento—, del 20 de mayo al 20 de julio de 2026, una ventana de dos meses que el contribuyente debe respetar para no incurrir en recargos.

Dentro de ese plazo, quien no tenga el recibo domiciliado recibirá la notificación y deberá abonar la cuota por los cauces que habilite la administración tributaria; quien sí lo tenga domiciliado verá el cargo en su cuenta el 10 de junio de 2026, sin gestión alguna por su parte.

La domiciliación bancaria es la vía más recomendable: además de la comodidad de no estar pendiente del plazo, adelanta el cargo a mediados de junio y evita cualquier riesgo de despiste durante los dos meses que dura la ventana de pago. El calendario del OARGT no recoge una bonificación específica por domiciliar ni un fraccionamiento adicional para el recibo no domiciliado, de modo que lo prudente es verificar en la sede electrónica del organismo si esas ventajas se incorporan en ejercicios sucesivos.

La cara amarga del calendario son los recargos por impago en plazo.

Si transcurre el periodo voluntario sin abonar la cuota, la deuda entra en vía de apremio y se le aplica el régimen del artículo 28 de la Ley General Tributaria: un recargo ejecutivo del 5 % si se paga la totalidad antes de notificarse la providencia de apremio, un recargo de apremio reducido del 10 % si se satisface dentro de los plazos que se abren tras esa notificación, y el recargo de apremio ordinario del 20 % —más los intereses de demora— en los casos restantes.

No son una particularidad de Cáceres, sino que se aplican por igual en todos los municipios de régimen común, pero conviene tenerlos presentes porque convierten un pequeño descuido en un sobrecoste evitable. Para el vecino de Cáceres, la combinación de un IBI que ya no es de los más moderados y un calendario claro hace que la única forma de pagar de más sea, paradójicamente, no pagar a tiempo.

Los datos de tipos, bonificaciones y calendario de este análisis se corresponden con la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI de Cáceres y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, cuya redacción vigente prevalece sobre cualquier resumen; ante la duda sobre un caso concreto, lo recomendable es consultar el texto oficial y dirigirse a la administración tributaria municipal.