Metodología
cómo construimos cada calculadora

Protocolo de verificación frente al Boletín Oficial del Estado

Cada número que aparece en una calculadora de Guía Fiscal tiene un camino documentado hasta su fuente legal, y ese camino es siempre el mismo. Las seis fases del protocolo —desde la identificación inicial de la norma hasta la publicación final en producción— son las siguientes.

1. Identificación de la norma. Antes de codificar una calculadora, los revisores rastrean la norma de referencia: Ley 35/2006 para IRPF, Ley 37/1992 para IVA, RDLeg 8/2015 para Seguridad Social, RDLeg 2/2015 para laboral, Ley 27/2014 para Sociedades. Se incluye la disposición final, transitoria o derogatoria aplicable a 2026.
2. Descarga del BOE de publicación. Cada tramo se toma del BOE original (buscar.act.php?id=BOE-A-…), no de páginas intermediarias, blogs ni resúmenes de asesorías.
3. Transcripción estructurada. Los tramos se copian al fichero JSON del repositorio con el campo sourceUrl apuntando al BOE y boletinId con el identificador. Ese JSON es la única fuente de verdad del cálculo.
4. Revisión cruzada. Un segundo revisor valida que cada tramo del JSON coincide literalmente con el cuadro publicado en el BOE. Si hay discrepancia, se abre issue y se paraliza el despliegue.
5. Test de borde. Para cada calculadora se escriben casos de prueba en los límites de los tramos (último euro de un tramo, primer euro del siguiente) y se compara contra simuladores oficiales cuando existen (simulador AEAT modelo 100, simulador Seguridad Social import@net).
6. Publicación. Solo tras pasar el test de borde se despliega a producción. La fecha exacta queda registrada en el campo lastUpdated del JSON.

Cadencia de actualización

Los tramos fiscales españoles cambian con calendarios bastante predecibles, lo cual facilita organizar la cobertura editorial alrededor de tres hitos recurrentes. En diciembre, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año siguiente suele ajustar tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mínimos personales y coeficientes diversos; los Presupuestos se aprueban habitualmente entre los últimos días del año y la primera semana de enero, y eso marca el inicio del trabajo de revisión. En enero, la Orden anual de cotizaciones —para el ejercicio 2026, la Orden PJC/297/2026— fija los tipos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, las bases mínimas y máximas del régimen general y el tipo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y, a lo largo de todo el año, los boletines autonómicos publican reformas puntuales de la escala autonómica del IRPF: ejemplos recientes son la Ley 3/2025 del Principado de Asturias o la Ley 9/2025 de la Comunidad Autónoma de Canarias, que han modificado tramos y deducciones específicas.

El calendario de revisión obligatoria del sitio se articula sobre dos fechas: el 2 de enero de cada año, para incorporar los nuevos datos de cotización y los ajustes de la Ley de Presupuestos, y el 1 de julio, como revisión intermedia por si alguna comunidad autónoma ha aprobado una reforma durante el primer semestre. Entre una y otra fecha, la monitorización es pasiva pero continua: cualquier cambio publicado en el Boletín Oficial del Estado o en un boletín autonómico que afecte a un tramo ya publicado se refleja en producción en un máximo de setenta y dos horas desde su entrada en vigor.

Arquitectura técnica: cómo funcionan los cálculos

Guía Fiscal está construido como un sitio web estático con el generador Astro 5 y con islas interactivas escritas en Svelte 5. No hay servidor de aplicaciones intermedio, no hay base de datos y no hay interfaz de programación pública: los datos de los tramos —Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estatal, escalas autonómicas de las diecisiete comunidades, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Impuesto sobre el Valor Añadido— viven en ficheros JSON estáticos dentro del repositorio. Los módulos de cálculo son funciones puras de TypeScript sin dependencias externas, escritas con la lógica de la norma directamente traducida.

Cuando un lector abre una calculadora, su navegador descarga el módulo de JavaScript compilado —en torno a diez kilobytes por isla interactiva—, carga el fichero JSON con los tramos aplicables y ejecuta el cálculo localmente a medida que el usuario va modificando los datos de entrada. Esta arquitectura tiene cuatro consecuencias prácticas que merecen explicación.

• Privacidad absoluta. Ninguno de tus datos sale de tu navegador. No enviamos tu salario ni tu facturación a ningún servidor. La única telemetría es la mínima de AdSense para contabilizar impresiones.
• Velocidad. Sin server-side round-trip. Los cálculos son instantáneos (< 1 ms) incluso en móviles modestos.
• Reproducibilidad. El mismo input siempre devuelve el mismo output, porque no depende del estado de ningún servidor. Las matemáticas son las matemáticas.
• Auditabilidad. El módulo de cálculo es un fichero TypeScript de 100-200 líneas que cualquier programador (o asesor fiscal con Claude / ChatGPT al lado) puede leer y validar contra el texto de la norma.

Grado de precisión por calculadora

No todas las calculadoras del sitio ofrecen el mismo grado de precisión, y conviene declararlo abiertamente. Algunas reproducen al céntimo el cálculo oficial, porque la norma que las regula es completamente determinista y deja poco margen interpretativo; otras ofrecen un resultado orientativo, porque intervienen variables personales —deducciones por descendientes, aportaciones a planes de pensiones, situaciones familiares específicas— que una calculadora genérica no puede conocer sin convertirse en un cuestionario inabarcable. Esta es la clasificación transparente de cada herramienta, con el alcance que cubre, las asunciones que aplica y la norma que la respalda.

Fuentes legales primarias

Recogemos a continuación el inventario de las normas estatales que respaldan los cálculos y las guías más utilizadas del sitio, agrupadas por bloque temático. Cada entrada enlaza al texto consolidado en el Boletín Oficial del Estado, de modo que el lector pueda contrastar literalmente cualquier afirmación. Para un catálogo más exhaustivo, con cada norma cruzada contra las piezas concretas del sitio en las que se cita, conviene visitar la página de fuentes legales, que funciona como infraestructura de citas del proyecto.

Sobre quién mantiene el proyecto

Guía Fiscal es un proyecto editorial independiente que mantengo en solitario, Cristian Corrales, sin vínculos orgánicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social ni con ningún despacho de asesoría o gestoría. El flujo editorial cubre tres funciones que aplica la misma persona: rastreo del Boletín Oficial del Estado y de los boletines autonómicos para captar cambios normativos; codificación en TypeScript de los módulos de cálculo que traducen esas normas a fórmulas verificables; y redacción de las guías con casos numéricos concretos, tablas comparativas y referencias cruzadas al glosario.

El proyecto se financia con la publicidad contextual servida por Google AdSense y con ocho programas de afiliación activos en 2026: Quipu (software de facturación, desde junio), H2B Hipotecas (desde junio), Línea Directa (seguros, desde julio), Divly, Koinly y CoinTracking (software fiscal de criptomonedas, desde julio), Santalucía (seguros de decesos y de impago de alquiler, desde julio) y Xolo (gestoría online, desde agosto). Si el lector contrata desde nuestros enlaces —siempre señalizados como afiliados—, el proyecto recibe una comisión sin coste adicional para él. Esas afiliaciones no condicionan los rankings ni las valoraciones de las comparativas de software o de gestorías, y no existe ningún artículo patrocinado ni pago por posicionamiento; el resto de marcas citadas son menciones puramente editoriales sin compensación. Los rankings se deciden únicamente tras prueba directa del producto y contraste con reseñas externas verificables —Trustpilot, G2, foros profesionales de autónomos y asesores—. El listado vivo y completo de relaciones comerciales está disponible en la página de transparencia y disclosures, que se actualiza cada vez que cambia el modelo de monetización o entra una nueva marca en el alcance editorial.

Política de corrección de errores

Si detectas un error en cualquier calculadora o guía del sitio, conviene que me escribas a hola@guiafiscal.es con el caso concreto: los datos de entrada que has utilizado, el resultado erróneo que el sitio te devolvió y, a ser posible, la norma o el artículo del Boletín Oficial del Estado que crees que se está aplicando mal. El compromiso de respuesta es estricto y consta de cinco fases consecutivas.

1. Acuse de recibo en 24 horas.
2. Investigación y respuesta en 72 horas.
3. Despliegue del parche (si procede) en 48 horas adicionales.
4. Aviso visible en la página afectada durante 30 días explicando qué cambió y por qué.
5. No borramos errores — los corregimos dejando rastro público de la corrección en el historial git del repositorio y, si afecta a un rango amplio de usuarios, en una nota de actualización pública.

Limitaciones explícitas

Conviene cerrar esta página con una advertencia que tengo la responsabilidad editorial de hacer en voz alta: Guía Fiscal no sustituye el asesoramiento profesional colegiado. Las calculadoras cubren razonablemente bien el caso típico —el autónomo en estimación directa simplificada, el trabajador por cuenta ajena en régimen general, la compraventa estándar de vivienda usada—, pero hay un conjunto de situaciones en las que el lector necesita, sin excepción, recurrir a un asesor fiscal colegiado o a un abogado laboralista antes de firmar o presentar nada. Estas son las principales.

• Regímenes forales (Navarra y País Vasco) — su IRPF es competencia exclusiva de las haciendas forales y no se suma al estatal.
• Operaciones vinculadas (art. 18 LIS) — socio-sociedad, retribución del administrador, ajustes por valor de mercado.
• Tributación internacional — convenios de doble imposición, rentas del extranjero, residentes no habituales.
• Herencias, donaciones y Impuesto sobre el Patrimonio — competencia 100 % autonómica con grandes diferencias entre CCAA.
• Situaciones especiales del despido — acuerdos transaccionales, prejubilaciones, ERTEs y ERE.
• Constitución de estructuras societarias complejas — SL holding, SL patrimonial, grupos consolidados.

Para cualquiera de estos escenarios, lo prudente es consultar con un asesor fiscal colegiado o con un abogado laboralista antes de firmar documentos, presentar declaraciones o ejecutar decisiones con efectos jurídicos. El sitio te ayuda a entender el terreno; el profesional te acompaña a pisarlo.