IBI Zamora
2026

Contexto: la fiscalidad inmobiliaria de Zamora en 2026

Pocas capitales españolas condensan con tanta claridad la tensión entre recaudación y despoblación como Zamora, una ciudad que en 2026 vuelve a sostener su Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin sobresaltos, con un tipo urbano del 0,528 % que el Ayuntamiento mantiene sin cambios desde 2024, después de que subiera desde el 0,477 % vigente en 2022.

La ordenanza vigente, la Ordenanza Fiscal nº 1.1 reguladora del IBI, no introduce cambios sustanciales respecto al ejercicio anterior: ni se sube el tipo para arañar unos euros más a cada recibo, ni se rebaja para aliviar a un padrón que cada año encoge un poco.

Esa quietud, lejos de ser anodina, es en sí misma una declaración de política municipal, porque mantener el mismo tipo de gravamen mientras la base imponible y el padrón evolucionan a su ritmo equivale a aceptar la fotografía recaudatoria que el impuesto venía proyectando.

El telón de fondo demográfico es ineludible y conviene tenerlo presente antes de juzgar cualquier cifra: la provincia de Zamora ha perdido alrededor del 12 % de su población en los últimos quince años, una sangría sostenida que afecta tanto al medio rural —donde el vaciado es dramático— como a la propia capital, que envejece y pierde residentes en edad activa.

Para una hacienda local, esa realidad significa que el IBI recae sobre un censo de contribuyentes que no crece, sobre un parque inmobiliario notablemente envejecido y, en muchos casos, sobre viviendas heredadas cuyo titular ni siquiera reside en la ciudad.

El impuesto sobre los inmuebles se convierte así en uno de los pocos ingresos verdaderamente estables de las arcas municipales, precisamente porque grava algo que no se marcha aunque su dueño lo haga: el ladrillo permanece, la población se va.

Ese es el equilibrio delicado que explica por qué Zamora no rebaja el tipo pese a la presión política que suele acompañar a estos debates. Con un padrón reducido, cada décima de tipo de gravamen que se renuncia representa un agujero recaudatorio difícil de compensar con otras figuras, dado que las haciendas locales españolas dependen estructuralmente del IBI como columna vertebral de sus ingresos propios.

En materia de revisiones catastrales conviene ser prudente: no consta una ponencia de valores reciente que haya sacudido las bases imponibles de la ciudad, de modo que el grueso de los valores catastrales sobre los que se gira el impuesto responde a actualizaciones acumuladas a lo largo del tiempo más que a una revaloración brusca.

Lo que sí es seguro es que el resultado para el bolsillo del contribuyente nace de la combinación de ese tipo del 0,528 % con unos valores catastrales que, con una media de 67.685 euros, se cuentan entre los más altos de Castilla y León: el tercero de sus nueve capitales, solo por detrás de Burgos y Segovia.

El tipo de gravamen del 0,528 % en perspectiva

El 0,528 % que Zamora aplica a los inmuebles urbanos no es ni mucho menos un tipo agresivo en términos absolutos: se sitúa cómodamente por debajo del máximo legal del 1,10 % que permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para los municipios sin recargos especiales, y también por debajo del punto medio de la horquilla legal, que va del 0,4 % al 1,1 %.

El dato relevante para entender la trayectoria del impuesto en Zamora no es la comparación con un techo teórico, sino su propia evolución: el tipo subió del 0,477 % al 0,528 % entre 2022 y 2024, y desde entonces el Ayuntamiento lo mantiene sin ningún movimiento.

Frente a las referencias con las que esta ficha puede comparar de forma verificada, Zamora paga menos que A Coruña, cuyo tipo del 0,618 % arroja una cuota de 1.236 euros para una vivienda de 200.000 euros, y bastante menos que Lugo, con un 0,74 % y 1.480 euros; frente a Madrid, con un tipo del 0,414 % y una cuota de 828 euros, Zamora paga más. La comparación confirma que el 0,528 % zamorano no se sitúa en ningún extremo del abanico nacional.

Para situar el tipo de gravamen zamorano y, sobre todo, la cuota que de él se deriva, conviene ordenar los datos disponibles de las capitales con las que esta comparación está verificada, no por el tipo nominal —que leído de forma aislada puede engañar— sino por lo que realmente paga una vivienda equivalente. Esta es la fotografía con la que el contribuyente de Zamora debería juzgar su propio recibo:

Capital	Tipo IBI urbano	Cuota anual (vivienda 200.000 €)
Lugo	0,74 %	1.480 €
A Coruña	0,618 %	1.236 €
Zamora	0,528 %	1.056 €
Madrid	0,414 %	828 €

La tabla deja al descubierto que Zamora, con una cuota de 1.056 euros, paga 180 euros menos que A Coruña, 424 euros menos que Lugo y 228 euros más que Madrid por una vivienda de idéntico valor catastral. Para un residente, esa cifra de 1.056 euros tiene una traducción inmediata, y por eso conviene comprobar cómo se calcula sobre el valor catastral concreto de cada inmueble con la calculadora de IBI antes de dar por buena cualquier estimación generalista.

Las bonificaciones de Zamora al detalle

El catálogo de bonificaciones del IBI zamorano es contenido y refleja la misma lógica de margen estrecho que recorre toda la ordenanza. El ejemplo más significativo está en la bonificación a familias numerosas, que en Zamora es del 50 % de la cuota de la vivienda habitual en la categoría general y del 90 % en la especial, según el artículo 12 de la ordenanza.

Sobre la cuota de 1.056 euros del caso de referencia, esa bonificación deja el recibo en 528 euros para la categoría general y en 105,60 euros para la especial.

La bonificación a las viviendas de protección oficial se mantiene en el 50 %, una cifra que coincide con el mínimo que la legislación estatal garantiza durante los tres años siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva y que el Ayuntamiento de Zamora ha optado por mantener sin ampliar más allá de ese suelo legal.

Para quien accede a una VPO en la ciudad, esa reducción supone un alivio temporal pero significativo en los primeros ejercicios, justo cuando el esfuerzo de la compra aprieta más, aunque conviene recordar que se trata de un beneficio acotado en el tiempo y vinculado al régimen de protección del inmueble, de modo que no acompaña al propietario indefinidamente.

Desde la óptica de la transición energética, lo relevante en Zamora es una ausencia: la ordenanza del IBI no recoge bonificación por instalaciones de energía solar ni de autoconsumo, y tampoco por eficiencia energética del edificio. El libro de ordenanzas de impuestos del Ayuntamiento no menciona ninguno de esos conceptos.

Quien instale paneles fotovoltaicos en su vivienda no debe esperar, por tanto, una rebaja en el recibo del IBI, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras capitales; el incentivo fiscal, si lo hay, habrá que buscarlo en otros tributos o en las ayudas autonómicas y estatales.

El denominador común de todas estas bonificaciones es que ninguna se aplica de oficio: el contribuyente zamorano debe solicitarlas expresamente ante el Ayuntamiento, acreditar que cumple las condiciones —el título de familia numerosa en vigor, la calificación de VPO, la legalización de la instalación de autoconsumo— y atenerse a los plazos que marque la ordenanza para cada caso. La inercia, en materia de bonificaciones, juega siempre en contra del bolsillo.

Caso práctico: el recibo de una vivienda zamorana de 200.000 €

Conviene aterrizar todo lo anterior en un caso concreto y verosímil. Imaginemos a una familia residente en el casco histórico de Zamora, propietaria de un piso cuyo valor catastral asciende a 200.000 euros —una cifra perfectamente plausible para una vivienda amplia y bien situada en la capital—. Aplicando el tipo urbano vigente del 0,528 %, el recibo anual del IBI que esta familia recibe asciende a 1.056 euros, una cantidad que, repartida en su lectura mensual, supone unos 88 euros al mes destinados únicamente a este impuesto municipal.

Supongamos ahora que esta familia ostenta el título de familia numerosa en vigor y solicita en plazo la bonificación correspondiente. Con la reducción del 50 % que la ordenanza reconoce a la categoría general, su cuota anual se vería minorada hasta 528 euros, unos 44 euros al mes; si la familia perteneciera a la categoría especial, con el 90 %, la cuota bajaría hasta 105,60 euros anuales.

La diferencia es de varios cientos de euros al año, una cantidad nada desdeñable para una economía doméstica, y constituye el mejor argumento para no dejar caducar nunca el título de familia numerosa ni olvidar la solicitud de la bonificación ante el Ayuntamiento.

Instalar un sistema de autoconsumo solar no cambiaría esa cuenta, porque la ordenanza zamorana no bonifica la energía solar, pero la dirección del ejemplo es inequívoca: cada beneficio correctamente solicitado y acreditado convierte ese recibo de 1.056 euros en una factura sensiblemente más llevadera.

La moraleja zamorana es clara: el tipo lo fija el Ayuntamiento, pero buena parte de la cuota final depende de la diligencia del propio contribuyente a la hora de reclamar lo que le corresponde.

Calendario, domiciliación y recargos del IBI en Zamora

El IBI de naturaleza urbana zamorano se recauda en periodo voluntario durante la ventana que va del 10 de junio al 10 de agosto de 2026, gestionado directamente por la Concejalía de Recaudación, Hacienda, Rentas, Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Zamora, y no por la Diputación de Zamora; el IBI de naturaleza rústica se recauda en una ventana distinta, del 18 de septiembre al 18 de noviembre de 2026.

Conocer con exactitud estas fechas es importante, porque el día en que finaliza cada periodo voluntario marca la línea roja a partir de la cual el impuesto entra en vía ejecutiva con todas sus consecuencias.

Mientras el recibo urbano se abone dentro del plazo de junio a agosto, y el rústico dentro del de septiembre a noviembre, el contribuyente paga estrictamente la cuota que le corresponde, sin un solo euro de recargo.

La domiciliación bancaria es, en este contexto, la herramienta más cómoda y segura para no exponerse a un descuido: al ordenar que el recibo se cargue automáticamente en la cuenta, el contribuyente se asegura de que el pago se produzca dentro del periodo voluntario sin necesidad de recordar la fecha.

Muchos ayuntamientos premian además la domiciliación con una pequeña bonificación adicional o con la posibilidad de fraccionar la cuota en varios plazos a lo largo del ejercicio, de modo que en lugar de afrontar los 1.056 euros del ejemplo en un único cargo, el recibo se reparte en cómodos plazos.

Conviene que el contribuyente zamorano consulte expresamente en las dependencias municipales o en la propia ordenanza si Zamora ofrece esa ventaja por domiciliar o un sistema especial de pago fraccionado, ya que se trata de condiciones que cada consistorio regula a su manera y que pueden suponer un ahorro o, al menos, un alivio de tesorería.

Las consecuencias de dejar pasar el periodo voluntario sin pagar son tasadas y nada anecdóticas.

Una vez vencido el plazo, la deuda entra en vía de apremio y se le aplica el recargo del artículo 28 de la Ley General Tributaria, que es escalonado: un recargo ejecutivo del 5 % si se abona la deuda antes de recibir la providencia de apremio, un recargo de apremio reducido del 10 % si se paga dentro del plazo concedido por dicha providencia, y un recargo de apremio ordinario del 20 % —al que se suman los intereses de demora— si se sigue sin pagar más allá de ese plazo.

Sobre una cuota de 1.056 euros, ese 20 % final representaría 211 euros adicionales más intereses, una penalización que multiplica el coste del impuesto y que se evita por completo con la simple precaución de domiciliar el recibo o anotar en el calendario el cierre del periodo voluntario.

IBI, despoblación y segunda residencia en la capital del Duero

Ninguna lectura del IBI zamorano está completa si no se aborda de frente el factor que lo condiciona todo: la despoblación. Zamora es, junto a un puñado de capitales del interior peninsular, uno de los rostros más reconocibles de la llamada España vaciada, y esa condición tiñe de un significado especial cada recibo del impuesto sobre los inmuebles.

Cuando la provincia ha perdido alrededor del 12 % de su población en quince años, el padrón de contribuyentes sobre el que se reparte la carga fiscal no deja de adelgazar, lo que tensa una contradicción de fondo: el Ayuntamiento necesita la recaudación del IBI más que nunca, porque es su ingreso más estable, pero la base humana que lo sostiene se reduce ejercicio tras ejercicio.

De ahí que el tipo se mantenga en el 0,528 % sin cambios desde 2024, lo que no es pereza administrativa sino prudencia financiera de una hacienda que no puede permitirse experimentar con rebajas.

El fenómeno tiene además una derivada inmobiliaria que conviene explicar.

En una ciudad con el perfil demográfico de Zamora, una parte nada despreciable del parque de viviendas pertenece a propietarios que no residen habitualmente en la capital: hijos y nietos de zamoranos que heredaron el piso familiar y mantienen la vivienda como segunda residencia para las vacaciones, las fiestas de la ciudad o las visitas familiares, sin haber trasladado su empadronamiento.

Para esos propietarios, el IBI es a menudo el principal —cuando no el único— vínculo fiscal que conservan con Zamora, y su recibo financia servicios municipales de los que apenas disfrutan unos días al año.

Esa realidad alimenta un debate latente en muchas capitales del interior sobre la conveniencia de incentivar el empadronamiento o de articular figuras que graven de forma diferenciada la vivienda no habitual, aunque en el caso de Zamora conviene precisar que la ordenanza vigente no establece recargo alguno sobre las viviendas desocupadas, de modo que la segunda residencia tributa exactamente igual que la vivienda principal, sin penalización añadida.

Esa ausencia de recargo sobre los inmuebles vacíos —una herramienta que la legislación permite activar a los ayuntamientos y que algunas ciudades con tensión de vivienda han empezado a aplicar— resulta perfectamente lógica en el contexto zamorano.

En una capital donde el problema no es la escasez de vivienda sino, si acaso, el riesgo contrario de un parque que envejece y se infrautiliza, penalizar fiscalmente la desocupación sería contraproducente: ahuyentaría precisamente a esos propietarios no residentes cuyo IBI ayuda a sostener las cuentas municipales y cuya eventual vuelta o cuyo mantenimiento del inmueble interesa preservar.

Zamora, frente a la lógica de las grandes urbes tensionadas, juega en otra liga, una en la que el reto es retener vínculos y población, no expulsar inmuebles ociosos del mercado.

El IBI, en esa partida, funciona menos como instrumento de política de vivienda y más como lo que esencialmente es en una capital del interior: el ancla recaudatoria que permite a un municipio en retroceso demográfico seguir prestando servicios a quienes deciden quedarse.

El detalle pormenorizado de los tipos, las bonificaciones y los plazos puede consultarse en el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal nº 1.1 reguladora del IBI del Ayuntamiento de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que constituye la fuente normativa de referencia y prevalece sobre cualquier resumen divulgativo.