Un impuesto que en Madrid llevaba quince años sin recaudar un solo euro
La historia del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid es, durante casi dos décadas, la historia de un tributo que existía sobre el papel pero no en la caja.
Cuando el Estado restableció con carácter temporal el impuesto mediante el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre —tras años de bonificación estatal del 100 % que lo había dejado en suspenso desde 2008—, Madrid mantuvo su propia bonificación autonómica del 100 % de la cuota, vigente desde 2008 según el preámbulo de la Ley 12/2023.
El resultado práctico era que el contribuyente madrileño presentaba la declaración cuando estaba obligado a ello, calculaba su cuota íntegra conforme a la tarifa estatal y, acto seguido, la reducía a cero. El impuesto se declaraba, pero no se pagaba.
Esa política no nació en 2011 ni por casualidad. La Comunidad de Madrid había venido construyendo a lo largo de la década anterior un diseño fiscal deliberadamente orientado a aligerar la imposición sobre el ahorro y el capital, en el que el Impuesto sobre el Patrimonio ocupaba un lugar simbólico de primer orden.
La normativa autonómica de tributos cedidos quedó finalmente sistematizada en el Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, que recogió y ordenó las medidas adoptadas en sucesivas leyes de acompañamiento presupuestario, entre ellas las que consolidaron la bonificación general del 100 % sobre la cuota del patrimonio.
Durante los años siguientes, Madrid se convirtió en la única autonomía de régimen común donde un patrimonio de varios millones de euros generaba una factura por este concepto rigurosamente igual a cero.
El contraste con el resto del territorio común era difícil de exagerar. Mientras comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Asturias o Aragón mantenían el impuesto plenamente operativo —con mínimos exentos rebajados y tipos elevados—, Madrid hacía del patrimonio cero su seña de identidad fiscal.
Andalucía se sumaría a esta vía en 2022 con su propia bonificación del 100 %, y Galicia avanzaría después por una senda parecida, de modo que la decisión madrileña dejó de ser una excepción aislada para convertirse en cabeza de un movimiento de competencia fiscal entre autonomías. Esa competencia, precisamente, fue la que provocó la reacción del legislador estatal y obligó a Madrid a reinventar su propia bonificación.
La tesis madrileña: una bonificación del 100 % que se ha vuelto variable
El rasgo que hoy distingue a Madrid de cualquier otra comunidad —y lo que vertebra todo su régimen de patrimonio para 2026— no es ya la bonificación del 100 %, sino su conversión en una bonificación variable.
El cambio se produjo como respuesta defensiva a una norma estatal: la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que creó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (en adelante, ITSGF), un tributo estatal que grava los patrimonios netos superiores a 3.000.000 de euros y que, por su propio diseño, no es susceptible de bonificación autonómica.
La mecánica del ITSGF resultó demoledora para la estrategia madrileña. El nuevo gravamen permite deducir de su cuota lo efectivamente pagado en el Impuesto sobre el Patrimonio. En una comunidad donde el patrimonio se bonificaba al 100 %, esa deducción era cero, de manera que el gran patrimonio madrileño pasaba a pagar íntegramente al Estado lo que su comunidad había renunciado a cobrar.
Dicho de otro modo: la bonificación autonómica dejaba de beneficiar al contribuyente —que pagaba lo mismo, pero a la Hacienda estatal— y se convertía en una transferencia neta de recaudación desde Madrid hacia las arcas centrales.
La respuesta llegó con la Ley 12/2023, de 15 de diciembre, que reformó el Texto Refundido autonómico para introducir una bonificación general del 100 % que opera con una salvedad inteligente: se minora en la cuantía necesaria para que el contribuyente termine pagando en el Impuesto sobre el Patrimonio aquello que, de no hacerlo, tendría que abonar en el ITSGF.
La bonificación deja de ser un porcentaje fijo y se transforma en una variable que se calcula caso por caso. El efecto buscado es nítido: si el residente madrileño va a pagar igualmente por su gran patrimonio, que lo pague a Madrid y que la recaudación se quede en la comunidad, en lugar de viajar al Tesoro estatal. El contribuyente no nota diferencia alguna en su factura total; lo que cambia es el destinatario del cheque.
Esta arquitectura encierra una lección de técnica fiscal poco habitual: una bonificación que se autoanula justo en la medida en que otro impuesto entraría en juego. Para los patrimonios por debajo del umbral de 3.000.000 de euros —la inmensa mayoría de los declarantes—, la bonificación sigue siendo del 100 % pleno y la cuota a ingresar es cero.
Solo para las grandes fortunas que activan el ITSGF la bonificación se recorta. El diseño es, por tanto, quirúrgico: protege el atractivo fiscal de Madrid para la clase media-alta patrimonial y, al mismo tiempo, recupera para la autonomía la recaudación de los muy ricos que el Estado pretendía captar.
Cifras clave verificables del patrimonio madrileño
La paradoja de Madrid es que concentra una de las mayores bases imponibles de patrimonio de España —por la elevada riqueza residente en la región— y, sin embargo, durante quince años ingresó por el impuesto cantidades prácticamente simbólicas, derivadas solo de regularizaciones y supuestos no bonificados. El número de declarantes madrileños ha figurado tradicionalmente entre los más altos del país, pese a que la cuota agregada a ingresar fuera marginal.
La irrupción del ITSGF en el ejercicio 2022 y la bonificación variable a partir de 2023 alteraron por completo ese cuadro.
| Concepto | Parámetro vigente 2026 | Observación territorial |
|---|
| Régimen aplicable | Común (Ley 19/1991) | Tarifa y normativa estatal supletoria |
| Mínimo exento | 700.000 € | Madrid no lo eleva ni lo rebaja |
| Exención vivienda habitual | Hasta 300.000 € | Límite estatal por contribuyente |
| Tarifa | Escala estatal, tipo máximo 3,5 % | Sin escala autonómica propia |
| Bonificación autonómica | 100 % variable (Ley 12/2023) | Se minora hasta igualar el ITSGF |
| Umbral ITSGF | Patrimonio neto > 3.000.000 € | El pago se redirige a Madrid |
| Tipo máximo ITSGF | 3,5 % (tramo superior) | Sobre patrimonios muy elevados |
La lectura de esta tabla exige una advertencia: los parámetros del propio impuesto sobre el patrimonio en Madrid coinciden exactamente con los estatales, porque la comunidad nunca ha tocado el mínimo exento ni la tarifa.
La singularidad madrileña no reside en el diseño de la base o de la escala, sino en la cuota: en cómo la bonificación autonómica la lleva a cero o, desde 2023, a un importe calibrado para absorber lo que el ITSGF reclamaría.
Esta es la razón por la que cualquier análisis del patrimonio en Madrid debe centrarse en el juego entre la bonificación variable y el gravamen estatal de las grandes fortunas, y no en los elementos estructurales del tributo, que son los comunes.
Conviene situar también el orden de magnitud. El ITSGF, en su primera aplicación correspondiente al ejercicio 2022 y liquidado en 2023, recaudó a escala nacional algo más de 620 millones de euros, de los cuales en torno a 555 millones procedieron de contribuyentes residentes en Madrid, precisamente por la ausencia de pago previo en el impuesto autonómico.
Esa concentración —cerca de nueve de cada diez euros recaudados— fue la prueba empírica de que el ITSGF estaba diseñado, en buena medida, para neutralizar la política madrileña; y la bonificación variable, la herramienta con la que Madrid intentó revertir el flujo de esos ingresos hacia su propia tesorería a partir del ejercicio 2023, ejercicio en el que la recaudación estatal del impuesto se desplomó precisamente porque Madrid había empezado a cobrar primero.
Caso práctico: el directivo con patrimonio de 6,2 millones que «cambia de ventanilla»
Imaginemos a una contribuyente residente en Pozuelo de Alarcón, directiva del sector tecnológico, con un patrimonio neto de 6.200.000 euros una vez descontadas las deudas y aplicada la exención de su vivienda habitual hasta el límite de 300.000 euros. Tras restar el mínimo exento de 700.000 euros, su base liquidable asciende a 5.500.000 euros. Aplicando la tarifa estatal del Impuesto sobre el Patrimonio, su cuota íntegra asciende a 74.554 euros, una cifra que sitúa parte de su base en el tramo con tipo marginal del 2,1 %.
Hasta 2022, esta directiva no pagaba nada: la bonificación del 100 % reducía esos 74.554 euros a cero. Pero al superar su patrimonio el umbral de 3.000.000 de euros, quedó sujeta al ITSGF.
Como no había pagado patrimonio, no tenía nada que deducir, de modo que abonó al Estado una cuota por el impuesto de solidaridad de 43.108 euros: una cifra inferior a la del patrimonio, porque el ITSGF solo grava la parte de la base que excede los tres millones de euros, aunque comparta los mismos tipos marginales en los tramos altos. El dinero salía de su bolsillo igualmente, pero iba íntegro a Madrid… perdón, al Estado.
Con la bonificación variable de la Ley 12/2023, el panorama cambia de raíz para la tesorería, aunque no para ella. Ahora la comunidad recorta su bonificación justo en la cuantía necesaria para que la directiva pague en el Impuesto sobre el Patrimonio una cuota equivalente a la que tendría en el ITSGF: 43.108 euros.
La bonificación autonómica deja de ser del 100 % y se reduce hasta que la cuota a ingresar en patrimonio sea, precisamente, de 43.108 euros. Al liquidar después el ITSGF, la directiva deduce esos 43.108 euros ya pagados a Madrid y su cuota estatal queda en cero.
El desembolso total para la contribuyente es idéntico al de antes de la reforma; lo que cambia es que esos 43.108 euros se quedan en la Comunidad de Madrid en lugar de viajar a la Hacienda central. La directiva no gana ni pierde un euro: el ganador es el presupuesto autonómico.
Este es el efecto sede que persigue la norma madrileña, y la razón por la que el atractivo fiscal de la región para los grandes patrimonios no se ve mermado en términos de carga total.
Jurisprudencia: el pulso constitucional que Madrid perdió
La bonificación variable no fue la primera reacción de Madrid frente al ITSGF. Antes de reformar su propio impuesto, la comunidad llevó la batalla al Tribunal Constitucional, al considerar que el nuevo gravamen estatal invadía su autonomía financiera y vaciaba de contenido su capacidad normativa sobre un tributo cedido.
El resultado de ese pulso fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2023, de 7 de noviembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 616/2023 promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que desestimó el recurso y declaró ajustado a la Constitución el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El Tribunal razonó que el Estado conserva la competencia para crear nuevos tributos en virtud del artículo 133.1 de la Constitución y que el ITSGF, pese a su evidente parentesco con el Impuesto sobre el Patrimonio, es un tributo distinto cuya finalidad declarada —la solidaridad y la armonización de la tributación de la riqueza entre territorios— legitima su existencia.
La sentencia reconoció expresamente que el impuesto perseguía, entre otros objetivos, una función armonizadora frente a las bonificaciones autonómicas, sin que ello supusiera una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades, puesto que estas conservan su capacidad de gravar o bonificar el patrimonio dentro de su propio marco competencial.
La doctrina sentada en esa resolución se reiteró en pronunciamientos posteriores de comienzos de 2024, que despacharon en términos similares los recursos planteados por otras comunidades autónomas, consolidando la constitucionalidad del gravamen.
El Tribunal también abordó las objeciones formales relativas a la tramitación del impuesto mediante enmienda a una proposición de ley —una vía cuestionada por su conexión material con el texto enmendado— sin que ello alterara el sentido del fallo.
Para Madrid, la consecuencia práctica fue inequívoca: si no podía tumbar el ITSGF en los tribunales, debía neutralizarlo desde su propia normativa, y ese fue precisamente el camino abierto por la bonificación variable apenas un mes después de conocerse el fallo.
En un plano distinto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido especialmente exigente en materia de residencia fiscal y de aplicación de la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio.
La residencia habitual es un campo de litigiosidad recurrente precisamente en comunidades con régimen fiscal ventajoso como Madrid, donde la Administración examina con atención los cambios de domicilio destinados a aprovechar la bonificación; y la exención de participaciones en entidades exige el cumplimiento estricto de los requisitos de actividad económica, porcentaje de participación y ejercicio de funciones de dirección remuneradas, cuya interpretación ha generado abundante doctrina contencioso-administrativa.
Cronología normativa del patrimonio en Madrid
- 1991 — Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio: norma estatal que define base, mínimo exento, exenciones y tarifa, supletoria en Madrid.
- 2008 — El Estado bonifica al 100 % el impuesto mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, dejando el tributo en suspenso a escala nacional; Madrid ya había orientado su política fiscal hacia la mínima imposición del patrimonio.
- 2010 — Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre: Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos, que sistematiza las medidas autonómicas.
- 2011 — Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre: restablece «temporalmente» el impuesto a escala estatal. Madrid mantiene su propia bonificación autonómica del 100 %, vigente desde 2008.
- 2022 — Ley 38/2022, de 27 de diciembre (BOE de 28 de diciembre): crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para patrimonios netos superiores a 3.000.000 de euros, con aplicación ya en el ejercicio 2022.
- 2023 — STC 149/2023, de 7 de noviembre: el Constitucional avala el ITSGF y desestima el recurso de Madrid. Acto seguido, la Ley 12/2023, de 15 de diciembre, transforma la bonificación del 100 % en variable, con efectos desde el 1 de enero de 2023.
- 2024–2026 — Consolidación de la doctrina constitucional en pronunciamientos posteriores y aplicación plena de la bonificación variable en las campañas de patrimonio.
Lo que cambió en 2025 y se consolida en 2026
El gran cambio estructural —la bonificación variable— se produjo a finales de 2023, pero sus efectos se han ido desplegando en las campañas siguientes.
Para 2025 y 2026, la novedad relevante no es una nueva reforma, sino la estabilización del modelo: el ITSGF, concebido inicialmente como temporal para los ejercicios 2022 y 2023, ha sido prorrogado y mantenido en vigor, lo que hace que la bonificación variable madrileña siga siendo necesaria y plenamente operativa.
Mientras el impuesto estatal de solidaridad permanezca vigente, Madrid mantendrá su mecanismo de recorte calibrado de la bonificación para retener la recaudación de los grandes patrimonios.
La consecuencia práctica para 2026 es doble. Por un lado, los contribuyentes con patrimonios netos por debajo de 3.000.000 de euros siguen disfrutando de la bonificación del 100 % plena: su cuota a ingresar es cero y el atractivo histórico de Madrid permanece intacto para ellos.
Por otro, las grandes fortunas que superan ese umbral abonan en el Impuesto sobre el Patrimonio la cuota necesaria para neutralizar el ITSGF, de modo que la carga total no aumenta respecto al régimen anterior, pero el ingreso se contabiliza como recaudación autonómica.
El efecto neto es una transferencia de ingresos desde el Tesoro estatal hacia la Comunidad de Madrid, exactamente la inversión del flujo que el ITSGF había provocado en 2022.
De cara al futuro inmediato, la incertidumbre que pesa sobre el modelo madrileño no procede de la comunidad, sino del Estado: si el ITSGF llegara a derogarse o a declararse extinguido, la bonificación variable volvería automáticamente al 100 % pleno, porque su minoración está condicionada precisamente a la vigencia del gravamen estatal.
La propia denominación de la norma madrileña —que modifica la bonificación «de manera temporal» y solo «durante el período de vigencia» del impuesto de solidaridad— deja constancia expresa de ese carácter condicionado: la excepción desaparece en cuanto desaparezca la causa que la motivó. Es, en este sentido, una bonificación con fecha de caducidad ligada a la suerte del impuesto de solidaridad.
La letra de la norma madrileña
«Los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir, residentes en la Comunidad de Madrid, aplicarán una bonificación general del 100 por 100 sobre la cuota que resulte después de aplicar las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado.
No obstante, cuando el sujeto pasivo resulte obligado a tributar por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, la cuantía de la bonificación anterior será la necesaria para que la tributación efectiva por el patrimonio se concentre en la Comunidad de Madrid, minorando en igual medida la cuota a ingresar del impuesto estatal.»
— Síntesis del régimen introducido por la Ley 12/2023, de 15 de diciembre, en el Texto Refundido de tributos cedidos de la Comunidad de Madrid.
Esta redacción condensa toda la filosofía fiscal de la región: una bonificación que protege a la mayoría de los contribuyentes, que se autorregula frente al impuesto estatal de grandes fortunas y que convierte una norma pensada para recaudar en Madrid a favor del Estado en un instrumento que devuelve esos ingresos a la propia comunidad.
En 2026, el Impuesto sobre el Patrimonio madrileño sigue siendo, para casi todos, un tributo de cuota cero; y para los muy ricos, un peaje que ya no viaja a la sede del Tesoro estatal, sino que se queda en la propia comunidad.
Para el contribuyente conviene siempre verificar los parámetros vigentes y su situación particular ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid antes de presentar la declaración.
