Modelo 600 ITP-AJD
paso a paso 2026

¿Qué es el modelo 600?

El modelo 600 es la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conocido como ITP-AJD y regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre. Conviene matizar de entrada que se trata de un tributo indirecto que grava tres realidades muy distintas bajo el mismo formulario: las transmisiones onerosas entre particulares, ciertas operaciones societarias y la formalización de documentos con eficacia jurídica. El detalle relevante aquí es que el impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas por la Ley 22/2009, de modo que cada autonomía dispone de capacidad normativa para fijar sus tipos, bonificaciones y reducciones. Esa descentralización explica que la cuota efectiva pueda variar varios puntos porcentuales entre territorios para una operación idéntica, una dispersión que el comprador medio rara vez descubre hasta que tiene la escritura encima de la mesa.

Una particularidad de gestión que conviene tener clara desde el principio: el ITP-AJD se liquida en la sede electrónica de la Hacienda autonómica competente, nunca en la Agencia Tributaria estatal. Cada comunidad mantiene su propio formulario del modelo 600 con validaciones específicas y casillas adaptadas a su normativa, lo que obliga a familiarizarse con el portal del territorio donde radica el inmueble o reside el adquirente. No obstante, por encima de las diferencias autonómicas hay una regla común que vertebra el procedimiento: el plazo de presentación es de 30 días hábiles desde el devengo, y de él dependen tanto los recargos por extemporaneidad como la posibilidad de inscribir la operación en el Registro de la Propiedad o en la Dirección General de Tráfico. A partir de ese mínimo común, el primer paso operativo siempre es identificar bajo qué modalidad encaja la operación, porque el ITP-AJD se descompone en tres ramas que conviven en el mismo modelo pero no se solapan.

TPO, OS y AJD — qué grava cada modalidad

• TPO (Transmisiones Patrimoniales Onerosas): compraventas y permutas entre particulares (vivienda usada, vehículos, derechos reales sobre inmuebles), arrendamientos de bienes (incluida vivienda), constitución y transmisión de derechos reales de garantía, cesión de créditos.
• OS (Operaciones Societarias): constitución, ampliación o reducción de capital, fusiones, escisiones, disolución de sociedades, aportaciones a sociedades. Tipo único 1 % (estatal). Desde 2010 las constituciones de SL y SA con capital ≤3.000 € están exentas.
• AJD (Actos Jurídicos Documentados): documentos notariales con cuantía y acceso al Registro (escrituras de compraventa de vivienda nueva, escrituras de obra nueva, escrituras de hipoteca, capitulaciones matrimoniales con efectos económicos), documentos mercantiles (letras de cambio), documentos administrativos (concesiones administrativas).

Las tres modalidades son incompatibles entre sí, de modo que una misma operación tributa por una y solo una de ellas, sin posibilidad de duplicar cuota. Para resolver los solapamientos cuando concurren varios hechos imponibles rige una jerarquía clásica del derecho tributario: las Transmisiones Patrimoniales Onerosas desplazan a las Operaciones Societarias, y estas a su vez desplazan a los Actos Jurídicos Documentados. El orden no es caprichoso: refleja la lógica de gravar primero la transmisión económica real y dejar el documento como último recurso recaudatorio. En la práctica, esto significa que la primera pregunta ante cualquier operación —vivienda, vehículo, escritura, ampliación de capital— consiste en encajarla en la modalidad correcta antes de plantearse base imponible o tipo.

ITP vs IVA en compraventa de vivienda — la regla clave

En la compraventa de vivienda, la primera pregunta que conviene hacerse no es cuánto se va a pagar, sino algo aparentemente más sencillo: ¿quién es el vendedor? De esa identidad —particular o empresario— depende por completo el tributo aplicable, el tipo y la forma de presentación. El detalle relevante aquí es que la confusión entre Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre el Valor Añadido es una de las fuentes más frecuentes de error en la fase previa al cierre, y a menudo se descubre tarde, cuando ya hay arras firmadas y un calendario notarial ajustado:

• Vendedor particular (vivienda usada, segunda mano): ITP modalidad TPO. Tipos del 4 % al 13 % según CCAA. NO hay IVA.
• Vendedor empresario o promotor (vivienda nueva, primera entrega): IVA al 10 % (4 % si VPO) más AJD al tipo autonómico general (0,5–2 %). NO hay ITP.

Conviene matizar que el ITP y el IVA son incompatibles en una misma operación: una y solo una de las dos modalidades tributa, sin posibilidad de elección por las partes. La regla determina diferencias considerables en la factura final, como se aprecia en un ejemplo cotidiano. Comprar una vivienda usada por doscientos mil euros en Cataluña arroja una cuota de veinte mil euros por ITP en modalidad TPO al diez por ciento. Comprar esa misma vivienda nueva directamente al promotor, en cambio, suma veinte mil euros de IVA al diez por ciento más otros tres mil euros de AJD al uno y medio por ciento, lo que eleva la factura tributaria total a veintitrés mil euros. No es una diferencia menor para un comprador con hipoteca ajustada. Por su parte, existe un supuesto que conviene tener presente porque a menudo se pasa por alto: cuando el vendedor es empresario pero la operación se encuentra exenta de IVA —por ejemplo, una segunda transmisión de vivienda en la que la renuncia a la exención no procede— vuelve a aplicarse el ITP. La sutileza entre primera y segunda entrega marca aquí la frontera del régimen aplicable.

Sujeto pasivo y CCAA competente

Identificar quién paga el impuesto en cada modalidad es una cuestión que parece trivial pero que arrastra litigios constantes en los despachos de asesoría. La regla general es que en la modalidad TPO de compraventa de vivienda el sujeto pasivo es el comprador, y la misma lógica se aplica cuando lo transmitido es un vehículo usado: paga quien adquiere. En la modalidad AJD sobre la escritura de compraventa de vivienda nueva también responde el comprador, pero conviene matizar que en la escritura de hipoteca la situación cambió radicalmente a finales de 2018: tras la STS 27-11-2018 y la posterior reforma del RD-Ley 17/2018, es el banco prestamista quien asume el AJD hipotecario, no el cliente. Por su parte, en la modalidad OS de constitución de sociedad el sujeto pasivo es la propia entidad, mientras que en una reducción de capital con devolución a socios responde cada uno de ellos en proporción al importe recibido. Cada ramo del modelo 600, en definitiva, tiene su propio responsable.

Una vez identificado el sujeto pasivo, queda determinar ante qué Comunidad Autónoma se presenta la liquidación, lo cual no siempre coincide con la intuición. La normativa establece puntos de conexión específicos según la naturaleza del hecho imponible, y respetarlos es decisivo porque presentar el impuesto en una autonomía no competente puede generar liquidación duplicada y procedimientos de devolución prolongados:

• Compraventa de inmuebles → CCAA donde radica el inmueble.
• Compraventa de vehículos y bienes muebles → CCAA donde reside el adquirente.
• AJD escrituras públicas → CCAA donde se autoriza el documento (sede del notario).
• OS constitución de sociedades → CCAA donde tiene su domicilio social la sociedad.
• Arrendamientos → CCAA donde radica el inmueble (vivienda) o donde reside el arrendador (bienes muebles).

Base imponible: valor de referencia y tablas oficiales

En la compraventa de inmuebles, la Ley 11/2021 introdujo un cambio de paradigma que entró en vigor el uno de enero de 2022 y que ha reordenado por completo la fase de valoración: la base imponible es el valor de referencia del Catastro, salvo que el valor declarado en escritura resulte superior, en cuyo caso prevalece este último. El detalle relevante aquí es que ese valor de referencia lo publica anualmente la Dirección General del Catastro a partir de transacciones notariales reales del entorno, y puede consultarse en su portal por referencia catastral antes de firmar. Conviene tenerlo presente porque, si en la escritura se declara un precio inferior al valor de referencia, la administración liquida directamente sobre este último y reclama la diferencia más el interés de demora correspondiente. La carga de impugnar recae sobre el contribuyente, no sobre el órgano gestor.

En la compraventa de vehículos usados, la lógica es distinta pero igualmente cerrada. La base imponible se determina conforme a las tablas oficiales de valoración que el Ministerio de Hacienda publica anualmente mediante orden ministerial, cruzando marca, modelo, cilindrada y año de matriculación, y aplicando coeficientes de depreciación por antigüedad. Si el precio real pactado en el contrato privado es inferior al valor de tablas, prevalece este último a efectos de tributación. La consulta puede hacerse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en numerosas aplicaciones privadas que reproducen las tablas con buscadores más amables, pero la fuente normativa última sigue siendo la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En la modalidad AJD de hipotecas, la base imponible no es el capital del préstamo, como muchos asumen por intuición, sino la responsabilidad hipotecaria total, que incluye capital, intereses pactados y costas. Esta distinción tiene consecuencias económicas perfectamente cuantificables: si el préstamo asciende a doscientos mil euros pero la responsabilidad hipotecaria garantizada alcanza los doscientos sesenta mil, el AJD se calcula sobre esa cifra superior. La diferencia entre ambos números depende del riesgo asignado por la entidad financiera y conviene revisarla antes de la firma, porque condiciona directamente la cuota.

Tipos por CCAA en compraventa de vivienda usada

La capacidad normativa autonómica explica que el tipo aplicable a una misma operación pueda oscilar varios puntos porcentuales según el territorio donde radique el inmueble. El detalle relevante aquí es que las diferencias no responden a un diseño coordinado sino a decisiones políticas independientes adoptadas en cada parlamento autonómico, lo que produce un mapa fiscal con territorios de carga moderada —País Vasco, Navarra, Madrid— y otros con tarifas progresivas que llegan a duplicar el coste —Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares—. Una vez localizado el tipo de tu territorio, puedes obtener la cuota exacta de tu compraventa con la calculadora de ITP antes de rellenar el modelo 600. A continuación figura el resumen de tipos generales TPO en vivienda usada vigentes para el ejercicio 2026, sin incorporar bonificaciones potestativas y referidos al hecho imponible básico:

• Madrid: 6 % general.
• Andalucía: 7 % general.
• Cataluña: 10 % hasta 600.000 €; 11 % de 600.000 a 900.000 €; 12 % de 900.000 a 1.500.000 €; 13 % a partir de 1.500.000 € (escala progresiva ampliada por DL 5/2025).
• Comunidad Valenciana: 9 % hasta 1.000.000 €; 11 % sobre el exceso (tipo general rebajado del 10 % al 9 % por la Ley 5/2025, vigente desde el 1 de junio de 2026).
• País Vasco: 4 % general (foral).
• Galicia: 8 % único, sin tramos; 7 % para vivienda habitual si ni el precio ni el patrimonio del comprador superan los 240.000 € (Ley 5/2025, en vigor desde el 1 de enero de 2026).
• Asturias: 8 % hasta 300.000 €; 9 % de 300.000 a 500.000 €; 10 % >500.000 €.
• Castilla y León: 8 % general.
• Castilla-La Mancha: 9 % general.
• Canarias: 6,5 % general.
• Baleares: 8 % hasta 400.000 €; 9 % de 400.000 a 600.000 €; 10 % de 600.000 a 1 M€; 12 % de 1 a 2 M€; 13 % >2 M€.
• Cantabria: 7 % hasta 300.000 €; 9 % sobre el exceso (tipo para vivienda habitual introducido por la Ley de Cantabria 5/2026, de 28 de abril).
• Aragón: 8 % hasta 400.000 €; 8,5 % de 400.000 a 450.000 €; 9 % de 450.000 a 500.000 €; 9,5 % de 500.000 a 750.000 €; 10 % >750.000 € (art. 121-1 DLeg 1/2005).
• Murcia: 7,75 % general.
• La Rioja: 7 % general.
• Extremadura: 8 % hasta 360.000 €; 10 % de 360.000 a 600.000 €; 11 % >600.000 €.
• Navarra: 6 % general (foral).
• Ceuta y Melilla: 50 % de bonificación sobre la cuota estatal del 6 %.

ITP en compraventa de vehículos usados

La compraventa de vehículos usados entre particulares es probablemente el caso más común del ITP fuera del ámbito inmobiliario, y sigue una lógica autoliquidatoria cerrada. El comprador presenta el modelo 620 específico de vehículos o, en función de la Comunidad Autónoma, el modelo 600 con clave de hecho imponible vehículo. La base imponible procede de las tablas oficiales ya descritas y el tipo aplicable oscila entre el cuatro y el ocho por ciento según territorio. Conviene advertir que sin la presentación del modelo liquidado la Dirección General de Tráfico no autoriza el cambio de titularidad, por lo que el vehículo permanece formalmente a nombre del vendedor con todas las consecuencias de responsabilidad que ello acarrea. No obstante, hay supuestos donde la cuota baja de manera apreciable: existen tipos reducidos para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, para los cedidos a familias numerosas y para motocicletas que no superen determinada cilindrada. Cada autonomía mantiene su propio listado de bonificaciones, conviene revisarlo caso a caso.

AJD en hipotecas — el cambio de 2018

Pocos episodios recientes de la fiscalidad inmobiliaria española han generado tanto ruido mediático y judicial como el cambio del sujeto pasivo del AJD hipotecario. Hasta noviembre de 2018, la regla pacíficamente aplicada situaba al prestatario, es decir, el cliente, como obligado a satisfacer el impuesto. La STS 27-11-2018 y el inmediato RD-Ley 17/2018 trasladaron el sujeto pasivo al prestamista, esto es, al banco, con efectos a partir de la fecha de la reforma. Desde entonces, es la entidad financiera quien asume el AJD de la hipoteca y no el comprador. El detalle relevante aquí es que las hipotecas firmadas antes del 10 de noviembre de 2018 se rigen por la regla anterior: las pagó el cliente y no procede su devolución, pese a las reclamaciones masivas que llegaron a los tribunales en 2019. El Tribunal Supremo rechazó esos recursos al entender que la jurisprudencia previa consideraba al cliente sujeto pasivo legítimo conforme al derecho entonces vigente. Las firmadas después de aquella fecha, en cambio, las paga íntegramente la entidad. Por su parte, el tipo AJD que grava específicamente la escritura de hipoteca oscila entre el medio y el dos por ciento según la Comunidad Autónoma —Madrid y Canarias se quedan en el 0,75 %, mientras que Cantabria, Cataluña y Extremadura reservan a la constitución de préstamo hipotecario una tarifa propia del 2 %, superior a su tipo general del 1,5 %—, lo que explica que el coste del préstamo siga teniendo una dimensión territorial marcada incluso cuando el cliente ya no lo abona directamente.

Importa subrayar que esta reasignación afecta exclusivamente al AJD hipotecario. El resto de gastos asociados a la formalización del préstamo —el arancel notarial en su parte correspondiente al cliente, la inscripción registral en idéntica cuota y los honorarios de gestoría— mantiene el régimen previo a la STS de 2018 y sigue, en buena medida, a cargo del prestatario. Conviene leer la oferta vinculante con detalle para saber qué se paga y qué no.

Bonificaciones para jóvenes y familias

El mapa de bonificaciones autonómicas es, probablemente, el terreno donde las diferencias entre territorios resultan más pertinentes para el comprador medio, porque las reducciones pueden rebajar a la mitad la cuota efectiva en muchos supuestos. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas aplican tipos reducidos o bonificaciones en las adquisiciones de vivienda habitual realizadas por colectivos considerados protegidos por la legislación, aunque los requisitos de acceso y los límites económicos varían sensiblemente:

• Menores de 35 años: tipo reducido del 3 % al 5 % (versus 6-10 % general) si la vivienda es habitual y la base imponible no excede de un límite (130.000–200.000 € según CCAA) y la renta familiar tampoco excede otro límite.
• Familias numerosas: tipo reducido del 3 % al 7 % en vivienda habitual, sin tantos límites.
• Personas con discapacidad ≥33 %: tipos reducidos del 3 % al 5 % o exención total en algunas CCAA.
• Vivienda de protección oficial (VPO): tipo reducido del 4 % en muchas CCAA.
• Familias monoparentales: bonificaciones específicas en algunas CCAA (Madrid, Andalucía).

Conviene insistir en un punto operativo que suele descuidarse: para acceder a cualquiera de estos tipos reducidos es imprescindible aportar la documentación justificativa en el momento de presentar el modelo 600, no con posterioridad. Eso significa tener preparados el libro de familia numerosa actualizado, el certificado de discapacidad expedido por el organismo autonómico competente, la calificación de vivienda protegida cuando proceda y la declaración de renta del último ejercicio para acreditar los umbrales de ingresos. Aportarla después suele implicar litigio. Por su parte, los límites exactos por base imponible, edad y renta familiar deben verificarse en la Hacienda autonómica competente antes de la firma, porque cambian con cada ejercicio presupuestario y las redacciones publicadas en la red envejecen rápido.

Plazo de 30 días hábiles y consecuencias del retraso

El plazo de presentación es, sin excepciones autonómicas, de 30 días hábiles contados desde el devengo, entendiéndose por tal la firma de la escritura ante notario, la fecha del contrato privado de compraventa o la fecha del documento sujeto a AJD según el caso. Conviene recordar que el cómputo es de días hábiles, lo que excluye sábados, domingos y festivos tanto nacionales como autonómicos del calendario del territorio competente. Esta precisión, que en apariencia es menor, marca la diferencia entre presentar dentro o fuera de plazo en operaciones firmadas en proximidad a puentes festivos largos como Semana Santa o Navidad, situaciones que generan no pocos disgustos.

Las consecuencias de presentar fuera de plazo varían sensiblemente según el momento en que la administración tributaria detecte la omisión, y conviene tener clara la escala antes de regularizar:

• Sin requerimiento previo (presentación voluntaria extemporánea): recargo del art. 27 LGT — 1 % por cada mes completo de retraso hasta 12 meses, después 15 % más interés de demora. Sin sanción.
• Con requerimiento de la administración: sanción del art. 198 LGT (≥150 € fijos por declaración informativa, reducible 30 % por pronto pago) más interés.
• Si hay cuota dejada de ingresar y la administración descubre antes de regularizar: sanción del art. 191 LGT del 50 % al 150 % de la cuota dejada de ingresar más interés.

Hay además una consecuencia operativa que se suele pasar por alto y que conviene subrayar: sin la liquidación del modelo 600 no es posible inscribir la compraventa en el Registro de la Propiedad ni tramitar el cambio de titularidad del vehículo en la Dirección General de Tráfico. La presentación tardía, por tanto, no solo activa el régimen de recargos y sanciones, sino que bloquea de facto el acceso pleno a la propiedad adquirida, con todas las implicaciones civiles y de oponibilidad frente a terceros que ello acarrea. Para entender el coste real de retrasarse, conviene cuantificarlo con un ejemplo, y para eso lo más útil es comparar una misma operación en cinco autonomías representativas.

Caso práctico: comprar un piso de 250.000 € en Madrid vs Cataluña

El ejercicio siguiente parte de un supuesto deliberadamente común para facilitar la comparación: mismo inmueble en cinco autonomías distintas, vivienda usada con un valor de referencia catastral de doscientos cincuenta mil euros y comprador soltero de treinta y dos años con renta anual media en torno a los treinta y cinco mil euros. Los parámetros se mantienen idénticos en todos los escenarios para que la diferencia final pueda atribuirse exclusivamente a la normativa autonómica y no a variables del comprador o del bien. La tabla recoge la liquidación comparada bajo el régimen general y bajo el tipo joven habitual aplicable en cada caso:

La diferencia que arroja la comparación es elocuente y conviene leerla con calma: un comprador joven que adquiera su vivienda habitual en el País Vasco liquida unos 6.250 euros; en Madrid, donde no existe un tipo joven propio sino una bonificación del 10 % sobre la cuota que deja el tipo efectivo en el 5,4 %, la factura sube a 13.500 euros; y el mismo perfil en Cataluña o en la Comunidad Valenciana abona la cifra completa de veinticinco mil euros, al no encajar dentro de los límites del tramo bonificado. La factura llega a ser hasta cuatro veces superior en el territorio común de mayor presión fiscal frente al foral para una vivienda de gama media, una brecha que rara vez aparece en los simuladores genéricos de los portales inmobiliarios. Por su parte, los Actos Jurídicos Documentados sobre la hipoteca asociada al préstamo —doscientos cincuenta mil euros de capital y unos trescientos veinticinco mil de responsabilidad hipotecaria garantizada— recaen sobre el banco desde la STS 27-11-2018, de modo que no se suman a la cuenta del comprador. No obstante, los gastos extrafiscales del proceso —arancel notarial, inscripción registral y honorarios de gestoría— sí siguen a su cargo y conviene presupuestarlos: entre mil quinientos y tres mil euros adicionales según la complejidad del expediente.

Modalidad OS — operaciones societarias

La modalidad de Operaciones Societarias suele quedar fuera del radar del contribuyente medio, pero resulta decisiva para cualquier emprendedor que constituya una sociedad, para el socio que aumenta o reduce capital y para el grupo que afronta una reorganización empresarial. El artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/1993 enumera los hechos imponibles del ámbito mercantil que quedan dentro de su órbita, una lista que conviene tener clara porque el régimen ha cambiado de manera sustancial en la última década:

• Constitución de sociedades: tipo del 1 % sobre el capital aportado. Sin embargo, está EXENTA por mandato del art. 45.I.B.11 RDL 1/1993 (vigente desde RDL 13/2010 con efectos desde 3-12-2010). Es decir, hoy constituir una SL/SA no paga OS pero igualmente se presenta el modelo 600 con liquidación cero para inscribirla en el Registro Mercantil.
• Aumento de capital: 1 % sobre el incremento. Igualmente exento desde 2010.
• Aportaciones de socios que no incrementen capital: 1 % sobre el valor. NO exento; sí se paga.
• Disolución de sociedades: 1 % sobre el haber social entregado a los socios. NO exento; sí se paga.
• Reducción de capital con devolución: 1 % sobre el importe devuelto. NO exento; sí se paga.
• Traslado a España de domicilio social desde país no UE: 1 % sobre el haber social. Aplica a redomiciliaciones desde paraísos fiscales o terceros países.

Por su parte, las fusiones, escisiones, aportaciones de rama de actividad y canjes de valores quedan fuera de la modalidad OS porque se rigen por el régimen especial del Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La ventaja práctica de canalizar una reorganización por esa vía —siempre con la comunicación previa al Ministerio de Hacienda exigida por la norma— es considerable: permite mover patrimonios entre entidades sin coste fiscal ni en Operaciones Societarias, ni en ITP, ni en IVA, ni en IRPF. Es, en términos prácticos, la palanca que hace posibles las operaciones de M&A entre PYMEs españolas sin que la fiscalidad las disuada. Junto a la modalidad OS conviven además otros documentos sujetos a AJD que, aunque cuantitativamente menores, merecen atención propia.

AJD modalidad documentos mercantiles

Junto al AJD de escrituras notariales, que es la modalidad más visible para el ciudadano por su impacto en la compraventa de vivienda y en la hipoteca, existe un AJD bajo la rúbrica de documentos mercantiles que conserva la herencia del antiguo timbre del Estado. Esta variante grava la emisión y circulación de instrumentos del tráfico mercantil cuya utilidad económica concreta ha menguado con la digitalización bancaria, pero que siguen vigentes y reaparecen con cierta regularidad en operaciones B2B con financiación comercial. Conviene saber identificarlos para no llevarse sorpresas:

• Letras de cambio: tipo del 0,01 % al 0,3 % (con escala fija) según importe. Se materializa con el timbre del documento al emitirlo. Es el "antiguo timbre del Estado" todavía vigente.
• Pagarés a la orden y demás títulos endosables: tipo del 0,5 %.
• Certificaciones del Registro: tipos fijos según escala de la Ley.
• Anotaciones preventivas en Registros: 0,5 %.

El AJD de documentos mercantiles ha perdido relevancia recaudatoria a medida que la banca digital ha desplazado la letra y el pagaré en favor de la transferencia electrónica, pero no es una modalidad muerta. Sigue vigente y reaparece en operaciones pequeñas entre empresas con financiación comercial documentada, en descuento bancario y en cesiones de crédito instrumentadas mediante títulos tradicionales. No obstante, la administración tributaria autonómica suele prestarle una atención limitada, lo que ha llevado a cierto relajamiento en su cumplimiento. Conviene matizar que las inspecciones cruzadas con la información bancaria pueden detectar emisiones sin timbrar y regularizarlas con sus correspondientes recargos, de modo que el descuido fiscal en este punto no resulta gratuito.

Errores típicos a evitar

• Declarar el precio en lugar del valor de referencia del Catastro en compraventa de inmuebles. Si el valor de referencia es 250.000 € y declaras 220.000 €, la administración liquida sobre 250.000 € más interés.
• Confundir vivienda usada (ITP) con vivienda nueva (IVA). La distinción está en quién vende: particular = ITP, empresario/promotor = IVA + AJD.
• No presentar el 600 porque la operación está exenta o bonificada al 100 %. Hay que presentar siempre, aunque la cuota final sea cero. Sin presentación no se inscribe en Registro ni DGT.
• Olvidar el plazo de 30 días hábiles. El cómputo es estricto y los recargos del art. 27 LGT escalan rápido.
• Aplicar el tipo reducido sin aportar documentación justificativa. La administración requiere acreditación (libro familia numerosa, certificado discapacidad) en el momento de la presentación, no después.
• Olvidar el AJD en compraventa de vivienda nueva. Si compras al promotor, además del IVA al 10 % pagas AJD al tipo autonómico general (0,5–2 %). Muchos compradores asumen solo el IVA.
• Liquidar el AJD de hipoteca como cliente cuando lo paga el banco (operaciones posteriores a 2018). Verifica con el banco que ha presentado y pagado el modelo 600 modalidad AJD por la hipoteca.

Preguntas frecuentes