Planificar no es evadir
Antes de entrar en las estrategias conviene dejar clara una distinción que a veces se difumina en la conversación pública. La economía de opción —elegir, dentro de las alternativas que la ley ofrece, la que resulta fiscalmente más ventajosa— es un derecho del contribuyente reconocido tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como por la doctrina de la Dirección General de Tributos.
No tiene nada que ver con la elusión fiscal (maniobras artificiosas para esquivar la norma, atacables por la AEAT mediante la cláusula antielusión del artículo 15 de la Ley General Tributaria) ni con la evasión fiscal (ocultación deliberada de bienes o rentas, que constituye infracción administrativa o, en casos graves, delito del artículo 305 del Código Penal).
Las siete estrategias que siguen se basan en mecanismos expresamente previstos por la legislación vigente. No requieren estructuras opacas, no implican deslocalizaciones ficticias y no dependen de interpretaciones agresivas de la norma. Son herramientas que cualquier asesor fiscal recomienda a patrimonios relevantes y que, bien aplicadas, pueden reducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio —y en algunos casos del ITSGF— en decenas de miles de euros anuales.
1. Empresa familiar: la exención más potente
La exención del artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991 es la herramienta con mayor capacidad de reducción de la base imponible del IP. Permite que las participaciones en una sociedad queden íntegramente fuera del patrimonio gravable cuando se cumplen tres requisitos acumulativos: participación mínima del 5 % individual (o 20 % del grupo familiar), funciones de dirección efectiva ejercidas por el contribuyente o un familiar, y retribución por esa dirección superior al 50 % de los rendimientos del trabajo y actividades económicas del directivo.
La estrategia no consiste solo en cumplir los requisitos, sino en diseñar la estructura societaria y retributiva para cumplirlos de forma estable. Un directivo familiar con rentas del trabajo externas que superen la retribución de la empresa pierde la exención. La solución pasa por ajustar la retribución de la empresa al alza o reducir las fuentes externas de renta del trabajo.
Los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses de cuentas) no entran en el cómputo del 50 %, lo que permite al directivo cobrar dividendos sustanciales de la propia empresa sin comprometer la exención.
La exención se aplica proporcionalmente a los activos afectos a actividad económica. Si la sociedad tiene activos no afectos —inmuebles arrendados a terceros, carteras de inversión, tesorería excedentaria—, solo la parte proporcional de las participaciones correspondiente a activos afectos queda exenta. La auditoría del activo afecto es, por tanto, una pieza esencial de la planificación: cada euro de activo no afecto que se convierta en afecto (reinversión en la actividad, adquisición de inmovilizado, amortización de deuda con excedentes de tesorería) amplía la proporción exenta.
2. Holding patrimonial con sustancia económica
La holding patrimonial —una sociedad limitada cuyo objeto es la tenencia y gestión de participaciones en otras entidades o de activos patrimoniales— es el vehículo natural para canalizar la exención de empresa familiar cuando el contribuyente tiene varias actividades o patrimonios heterogéneos. La holding permite concentrar la propiedad, cumplir los requisitos de participación del artículo 4.Ocho a nivel del grupo y optimizar la tributación intragrupo mediante la exención del 95 % sobre dividendos y plusvalías del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El riesgo principal es la recalificación por falta de sustancia económica. La AEAT y los tribunales exigen que la holding tenga medios materiales y personales propios para gestionar la cartera: un administrador que efectivamente tome decisiones, local u oficina, contabilidad propia, actividad de gestión real demostrable. Una holding sin empleados, sin oficina y con un administrador que no cobra es un objetivo preferente de comprobación.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 21/03/2021, rec. 5765/2019, entre otras) ha precisado que la sustancia económica no exige una plantilla numerosa, pero sí actividad de gestión demostrable y documentada.
Desde el punto de vista de costes, la holding conlleva Impuesto sobre Sociedades al 25 % sobre beneficios, contabilidad mercantil obligatoria, cuentas anuales en el Registro Mercantil y, en ciertos umbrales, auditoría de cuentas. Para patrimonios por debajo de 2-3 millones de euros, los costes de mantenimiento pueden superar el ahorro fiscal. La holding cobra sentido a partir de patrimonios empresariales de cierta envergadura donde la exención del artículo 4.Ocho genera un ahorro anual recurrente de miles o decenas de miles de euros.
3. Fondos de inversión con traspaso
El régimen de traspaso entre fondos de inversión (art. 94 Ley 35/2006 IRPF) permite mover el capital de un fondo a otro sin tributar por la ganancia patrimonial acumulada hasta el momento del reembolso final. Es una herramienta de diferimiento, no de exención: la ganancia está latente y tributará cuando se materialice. Pero desde el punto de vista del IP, la interacción con el límite conjunto del 60 % puede generar un ahorro indirecto.
La mecánica es la siguiente. Al no generar renta gravable en el IRPF (el traspaso no tributa), la base imponible del IRPF se mantiene baja. Si el contribuyente tiene un patrimonio que activa el límite conjunto IRPF + IP + ITSGF, mantener la base IRPF baja puede parecer contraproducente (el techo del 60 % baja).
Pero si el patrimonio es tan alto que la cuota patrimonial supera cualquier techo razonable, el suelo del 20 % se convierte en el determinante real de la cuota, y entonces la ausencia de renta gravable es neutral. La clave está en modelar cada caso concreto: no hay regla universal.
Donde los fondos con traspaso sí aportan valor directo es en la composición del patrimonio: permiten rebalancear la cartera (de renta variable a renta fija, de fondos europeos a globales) sin generar hecho imponible en IRPF. Esto libera al contribuyente de la tentación de mantener posiciones perdedoras solo para evitar la plusvalía, algo que afecta negativamente a la rentabilidad a largo plazo.
El mecanismo del traspaso, sus requisitos exactos según se trate de un fondo ordinario o de una SICAV, y los casos en los que decae —entre ellos, los fondos cotizados— están explicados con detalle en la guía de fiscalidad de los fondos de inversión.
4. Planes de pensiones: escudo doble IRPF + IP
Las aportaciones a planes de pensiones individuales reducen la base imponible del IRPF (hasta 1.500 € anuales en régimen individual, ampliables a 8.500 € con aportaciones empresariales) y, simultáneamente, el capital acumulado en el plan queda exento del IP por el artículo 4.Cinco de la Ley 19/1991.
Es un escudo doble que opera en las dos direcciones del límite conjunto: reduce la base IRPF (lo que normalmente baja el techo del 60 %, pero el ahorro directo en cuota IRPF compensa) y reduce la base IP (lo que baja la cuota patrimonial directamente).
El límite de 1.500 € anuales de aportación individual, reducido progresivamente desde los 8.000 € que existían hasta 2020, ha mermado la potencia de esta herramienta. Pero los derechos consolidados acumulados antes de la restricción siguen exentos del IP sin límite de cuantía.
Un contribuyente que acumuló 200.000 € en su plan de pensiones antes de 2021 mantiene esos 200.000 € fuera de la base del IP indefinidamente mientras no rescate. Cómo tributa exactamente ese rescate —y quién tiene todavía derecho a la reducción del 40 % sin saberlo— está explicado en la guía de rescate del plan de pensiones.
La planificación del rescate es igualmente importante. Un rescate en forma de capital (todo de golpe) genera un pico de renta en el IRPF que puede disparar la cuota y el tipo marginal. Los rescates en forma de renta (mensualidades) o mixtos (parcial en capital + parcial en renta) permiten distribuir la tributación en varios ejercicios y mantener el tipo efectivo del IRPF bajo, lo que a su vez preserva un techo más razonable del límite conjunto.
5. Explotación del límite conjunto del 60 %
El artículo 31 de la Ley 19/1991, replicado para el ITSGF por el art. 3.Doce de la Ley 38/2022, establece que la suma de las cuotas del IRPF, IP e ITSGF no puede superar el 60 % de la suma de las bases imponibles del IRPF —general y del ahorro, descontando de esta las ganancias de elementos con más de un año de antigüedad—. Cuando la suma excede ese tope, se reduce la cuota patrimonial, con un suelo mínimo del 20 % de la cuota íntegra del IP e ITSGF.
Este mecanismo crea un incentivo paradójico: generar renta gravable puede ser rentable si la renta adicional eleva el techo del 60 % más de lo que cuesta en IRPF. Un contribuyente con patrimonio neto de 8.000.000 € y renta del IRPF de 100.000 € tiene un techo del 60 % en 60.000 €.
Su cuota IRPF de unos 35.000 € deja solo 25.000 € de margen para el IP, lo que dispara el suelo del 20 %. Si ese mismo contribuyente genera 50.000 € adicionales de renta (rescate parcial de plan, distribución de dividendos), el techo sube a 90.000 € y el IRPF a unos 55.000 €, dejando 35.000 € para el IP: más espacio, menor cuota patrimonial efectiva. La ganancia neta depende de la relación entre el coste marginal de la renta adicional en IRPF y el ahorro en IP.
Modelar este límite requiere proyectar simultáneamente las tres cuotas (IRPF, IP, ITSGF) bajo distintos escenarios de renta y patrimonio. Es el tipo de análisis que justifica la intervención de un asesor fiscal especializado, porque las interacciones entre las tres figuras generan resultados que no son intuitivos.
6. Cambio de residencia autonómica
La diferencia entre comunidades en el IP es la más amplia de todo el sistema tributario español. Un patrimonio de 5 millones de euros puede tributar 0 € efectivos en Madrid (bonificación variable que absorbe la cuota ITSGF) o más de 37.000 € anuales en Cataluña (tarifa autonómica sin bonificación). La distancia es tan grande que el cambio de residencia fiscal entre comunidades se ha convertido en una herramienta de planificación patrimonial legítima, pero sometida a una vigilancia inspectora cada vez más intensa.
La residencia fiscal se determina conforme al artículo 72 de la Ley 35/2006 del IRPF: se es residente en la Comunidad Autónoma donde se haya permanecido más de 183 días del año natural, o donde radique el centro principal de intereses económicos. El cambio debe ser real y efectivo: empadronamiento, domicilio fiscal, vida social y profesional, centro de trabajo, escolarización de hijos, consumos de suministros.
La AEAT y las agencias tributarias autonómicas (la Agencia Tributaria de Cataluña, en particular, ha sido muy activa) cruzan datos de consumo eléctrico, asistencia médica, uso de tarjetas bancarias y tráfico de telecomunicaciones para detectar cambios ficticios.
Existe una cláusula antiabuso específica: el artículo 72.3 de la Ley 35/2006 establece que, cuando el cambio de residencia se produzca en el año en que se genera una ganancia patrimonial relevante (venta de empresa, liquidación de activos), la AEAT puede considerar que la residencia se mantiene en la comunidad de origen durante los cuatro años siguientes. Es una salvaguarda que, en la práctica, obliga a que el cambio de residencia sea anterior y desconectado de la operación patrimonial que genera el ahorro.
7. Aplazamiento estratégico de desinversiones
El IP grava la fotografía patrimonial a 31 de diciembre. Esto significa que una desinversión realizada el 30 de diciembre reduce la base del IP del ejercicio, pero la ganancia obtenida tributa en el IRPF del mismo ejercicio. Inversamente, aplazar la desinversión al 2 de enero traslada la ganancia al IRPF del ejercicio siguiente, pero mantiene el activo en la base del IP del ejercicio corriente.
La estrategia óptima depende de la interacción entre el ahorro en IP (por reducir la base a 31 de diciembre) y el coste en IRPF (por generar renta gravable en el ejercicio de la venta).
Si la venta genera una plusvalía elevada que dispara el tipo marginal del IRPF y activa el límite conjunto, puede ser preferible aplazar la venta al ejercicio siguiente y asumir un año más de IP sobre el activo.
Si, por el contrario, la cuota del IP sobre el activo es alta y la plusvalía es moderada, anticipar la venta antes del 31 de diciembre ahorra IP sin un coste excesivo en IRPF.
Un caso práctico ilustra el razonamiento. Elena tiene un inmueble no habitual valorado en 800.000 € que quiere vender. Si vende el 20 de diciembre de 2026, los 800.000 € salen de su base del IP para el ejercicio 2026, ahorrándole unos 4.000-6.000 € de cuota patrimonial (según comunidad).
Pero la plusvalía de 300.000 € (precio de venta menos precio de adquisición) tributa en su IRPF de 2026 al tipo del ahorro progresivo (hasta el 30 %). Si vende el 5 de enero de 2027, paga un año más de IP sobre los 800.000 € (4.000-6.000 €) pero difiere la plusvalía al IRPF de 2027, lo que puede ser ventajoso si en 2027 su renta base es más baja. El análisis requiere proyección a dos años.