Laboral · 18 min lectura

Contrato indefinido vs temporal
la causalidad tras la reforma

El Real Decreto-ley 32/2021 cerró en 2022 la puerta a la contratación temporal genérica y obligó a que la regla general sea el contrato indefinido. Esta guía recorre los tipos vigentes en 2026, el cómputo del encadenamiento que dispara la conversión automática, las sanciones de la Inspección de Trabajo, los indicadores prácticos de fraude que persigue la doctrina del Tribunal Supremo desde 2023 y los casos concretos en los que conviene firmar, esperar y reclamar.

La reforma de 2022 y el giro de la causalidad

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, dio un vuelco al sistema español de contratación. El cambio entró en vigor por fases. La nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores se aplicó a los tres meses de publicarse el decreto-ley.

Los contratos de obra o servicio y eventuales firmados del 31 de diciembre de 2021 al 30 de marzo de 2022 aún siguieron la norma anterior, con un máximo de seis meses, y los firmados antes conservaron su duración máxima. Desde entonces, la regla general no admite discusión: todo contrato se presume indefinido salvo que la empresa acredite por escrito una causa concreta tasada por la ley.

El espíritu del cambio no era cosmético. España arrastraba durante los años previos a la pandemia una tasa de temporalidad cercana al 25 % de los asalariados. La doctrina de la sala social del Tribunal Supremo ya venía endureciendo la interpretación del contrato por obra o servicio, exigiendo vinculación específica con una actividad temporal concreta y no con una contrata genérica.

Bruselas, por su parte, presionaba en el marco del Plan de Recuperación con metas explícitas de reducción de la temporalidad como condición para los fondos Next Generation. La reforma materializó ese consenso técnico y político.

La Encuesta de Población Activa mide el efecto. La tasa de temporalidad de los asalariados era del 25,38 % en el cuarto trimestre de 2021 y bajó al 15,5 % en el cuarto trimestre de 2024.

Tipos de contrato vigentes en 2026

El nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores enumera de forma cerrada los tipos de contrato vigentes y las únicas vías por las que cabe pactar una duración determinada. Toda fórmula imaginativa que la práctica empresarial pudiera ensayar fuera de ese catálogo se topa con la presunción de indefinido del primer apartado del precepto.

Conviene memorizar la lista entera porque, en una inspección de trabajo o en una vista del juzgado de lo social, la pregunta básica suele ser siempre la misma: ¿en cuál de las categorías legales del 15 ET encaja exactamente este contrato?

  • Indefinido ordinario (art. 15.1 ET). Sin duración prefijada. Es la regla general y la presunción aplicable si no consta causa válida.
  • Fijo-discontinuo (art. 16 ET). Indefinido por su naturaleza pero con prestación de servicios intermitente —campañas, temporadas, contratas mercantiles repetitivas—.
  • Temporal por sustitución (art. 15.3 ET). Para cubrir a una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto, durante procesos de selección o promoción y para complementar jornada reducida por causa legal.
  • Temporal por circunstancias de la producción (art. 15.2 ET). Para puntas imprevisibles y oscilaciones que no encajen en fijo-discontinuo, y para situaciones ocasionales y previsibles de hasta 90 días al año (120 en el sector agrario y agroalimentario), no seguidos. Duración máxima de 6 meses ampliable a un año por convenio sectorial.
  • Formativo de alternancia (art. 11.2 ET). Compatibilidad de trabajo retribuido con formación, mínimo 3 meses y máximo 2 años.
  • Formativo para obtención de práctica profesional (art. 11.3 ET). Tras la obtención del título, mínimo 6 meses y máximo 1 año.
  • Indefinido fijo en obra (DA 3.ª Ley 32/2006, sector construcción). Sustituyó al de obra y servicio en el sector específico, con régimen propio de extinción y recolocación.
  • Relaciones laborales especiales: alta dirección, servicio doméstico, deportistas profesionales, artistas en espectáculos, penados, menores en centros, abogados en despachos. Cada una con su propio régimen.

Tres de estas categorías son indefinidas, cuatro son temporales con causa y las demás son relaciones laborales especiales. La regla práctica es tan sencilla como exigente: si el puesto que vas a desempeñar es estructural —existe año tras año y cubre una necesidad permanente de la empresa— debe formalizarse como indefinido ordinario o, si la prestación es estacional con periodos recurrentes de inactividad, como fijo-discontinuo. Solo puntas concretas de actividad o ausencias por reserva de puesto justifican la temporalidad, y siempre con la causa expresada por escrito en el contrato.

Fijo-discontinuo: el indefinido estacional

El contrato fijo-discontinuo, regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma, era una modalidad casi marginal antes de 2022 y se ha convertido en uno de los grandes destinatarios de la nueva contratación.

Está pensado para trabajos de naturaleza estacional, vinculados a una actividad de temporada (vendimia, campaña agrícola, temporada turística, campaña de Navidad en comercio, programación cultural) y también para contratas mercantiles o administrativas cuya ejecución se repite de forma cíclica aunque no en fechas ciertas, como ocurre con muchas concesiones públicas en el sector servicios.

Sus rasgos esenciales son cuatro. El primero, la naturaleza indefinida: la persona trabajadora mantiene el contrato vigente durante todo el año aunque preste servicios solo en los periodos de actividad, y conserva derecho a llamamiento al inicio de cada campaña.

El segundo, el orden de llamamiento, que el convenio colectivo aplicable suele regular por antigüedad y por categoría; un llamamiento fuera de orden o la ausencia de llamamiento equivalen a despido improcedente y abren la indemnización de 33 días por año del art. 56.1 ET.

El tercero, la antigüedad: se calcula sobre toda la duración de la relación laboral, no sobre el tiempo trabajado, salvo condiciones que por su naturaleza exijan otro tratamiento (art. 16.6 ET). La indemnización por despido es una de ellas: el Tribunal Supremo solo cuenta los periodos de actividad (STS 442/2025).

El cuarto, la inscripción en el SEPE durante los periodos de inactividad, que puede dar derecho a la prestación contributiva o al subsidio por desempleo si se reúnen los requisitos.

La frontera con el temporal por circunstancias de la producción es la previsibilidad cíclica. Si la actividad se repite cada año en torno a unas fechas conocidas, aunque el calendario exacto pueda variar, el contrato adecuado es el fijo-discontinuo.

Si la punta de actividad es genuinamente imprevisible —un pedido extraordinario que rompe la planificación anual, un encargo único que se sabe que no se repetirá— cabe el temporal por circunstancias de la producción. En la práctica, la inspección y los juzgados han endurecido la frontera y el fijo-discontinuo ha absorbido la mayor parte de los contratos eventuales que antes se firmaban por temporada.

Temporal por circunstancias de la producción

El temporal por circunstancias de la producción del artículo 15.2 ET es la modalidad que mayor litigiosidad ha generado desde 2022 y la que más sanciones acumula en las actas de la Inspección de Trabajo. Cubre dos supuestos diferenciados: el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, sin ser estacionales ni cíclicas, generan un desajuste temporal con los recursos humanos permanentes de la empresa.

La duración máxima es de 6 meses, ampliable a un año si así lo prevé un convenio colectivo de ámbito sectorial. No cabe prórroga sucesiva al margen de esos límites.

La ley admite además este contrato para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada, hasta un máximo de 90 días al año natural (120 en el sector agrario y agroalimentario). Esos días no pueden utilizarse de forma continuada.

El detalle decisivo es la motivación expresa en el contrato. La nueva redacción del precepto exige que el contrato identifique con precisión la causa habilitante: qué punta de actividad concreta, qué oscilación, qué hecho objetivo justifica la temporalidad.

Fórmulas genéricas como «necesidades del servicio», «aumento de actividad» o «incremento de pedidos» han sido sistemáticamente rechazadas por la sala social del Tribunal Supremo desde 2023, con conversión retroactiva a indefinido y condena a indemnización al término.

La doctrina consolidada se resume en una idea rectora: la causa de temporalidad debe ser específica, fechada y verificable; si no, el contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido desde la fecha de alta.

La indemnización al término del contrato es de 12 días por año trabajado, prorrateada por meses, conforme al art. 49.1.c) ET. Si la empresa no entrega la liquidación con la última nómina, el trabajador puede reclamarla por la vía del art. 29.3 ET (impago salarial), con intereses de demora al 10 % anual.

Conviene contar también con la prestación contributiva por desempleo: los días cotizados durante la temporalidad suman a la base reguladora y al periodo de ocupación cotizada que da derecho al paro contributivo (mínimo 360 días cotizados en los 6 años anteriores al cese).

Temporal por sustitución

El contrato de sustitución del art. 15.3 ET es el más sencillo de los temporales y el que menos litigiosidad genera, porque su causa es objetiva y verificable: cubrir a una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto (baja por incapacidad temporal, permiso por nacimiento y cuidado de menor, excedencia con reserva, suspensión por sanción) o complementar una jornada reducida por causa legalmente prevista, como la reducción por cuidado de menor o por víctima de violencia de género.

También cabe para cubrir vacantes durante procesos de selección o promoción, con un tope máximo de 3 meses.

La duración del contrato de sustitución no tiene límite legal específico cuando lo que se cubre es una reserva de puesto: dura tanto como la causa que lo justifica.

Una baja por incapacidad temporal puede prolongarse hasta los 18 meses (12 más 6 de prórroga) si el INSS no resuelve antes; una excedencia por cuidado de hijo, hasta tres años; el nacimiento, que suspende el contrato de cada progenitor 19 semanas (32 en monoparentalidad).

El contrato se extingue automáticamente con la reincorporación de la persona sustituida o con la finalización del derecho a reserva, y no devenga indemnización adicional al término salvo lo que pacte el convenio colectivo.

El requisito formal esencial es la identificación nominal de la persona sustituida en el contrato y de la causa que motiva la sustitución. Tanto la Inspección de Trabajo como los juzgados de lo social vienen convirtiendo en indefinidos los contratos de sustitución en los que solo consta «cobertura de plaza vacante» sin identificar al trabajador con derecho a reserva. La doctrina es uniforme: la identificación nominal no es un mero formalismo, sino un requisito de fondo que permite verificar la causalidad real.

Contratos formativos: alternancia y práctica profesional

Los contratos formativos sufrieron una reforma profunda con el Real Decreto-ley 32/2021 y han quedado reducidos a dos modalidades, ambas reguladas en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. El primero es el contrato formativo en alternancia, que compatibiliza el trabajo retribuido con la formación académica o profesional en un centro educativo.

Está destinado a personas sin la titulación específica para acceder al puesto que ocupan, con duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años, jornada que no puede superar el 65 % el primer año y el 85 % el segundo, y salario que no puede ser inferior al 60 % el primer año y al 75 % el segundo del fijado en convenio para la categoría de referencia.

El segundo es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, dirigido a quienes ya disponen de título universitario, título de formación profesional, certificado del Sistema Nacional de Cualificaciones o reconocimiento equivalente, dentro de los 3 años siguientes a la finalización de los estudios (5 años si se trata de persona con discapacidad).

Su duración va de 6 meses a 1 año, sin posibilidad de encadenamiento con otro de la misma persona y misma cualificación, y el salario debe ser al menos el fijado en convenio para el puesto, sin reducciones específicas como las del de alternancia.

El detalle relevante para empresas y profesionales es la cotización del formativo en alternancia. Si la base no supera la mínima, paga en 2026 una cuota única mensual de 69,23 € por contingencias comunes: 57,72 € a cargo de la empresa y 11,51 € de la persona trabajadora (art. 46 de la Orden PJC/297/2026). A eso se suman las demás cuotas que fija ese artículo.

El riesgo es la conversión. Un contrato formativo celebrado en fraude de ley, o en el que la empresa incumpla sus obligaciones formativas, se entiende indefinido ordinario (art. 11.4.h ET).

Encadenamiento: 18 de 24 meses = fijo

La conversión automática por encadenamiento es uno de los mecanismos más potentes del nuevo artículo 15 del Estatuto.

La regla, formulada en el apartado quinto del precepto, fija un umbral preciso: si una misma persona trabajadora acumula más de 18 meses de servicios prestados a la misma empresa o a empresas del mismo grupo mercantil, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, dentro de un periodo de referencia de 24 meses, adquiere automáticamente la condición de fija. La conversión opera por imperativo legal, sin necesidad de demanda ni sentencia, y con efectos desde el día en que se acreditó el exceso.

El art. 15.5 ET suma los periodos contratados dentro de esos 24 meses «con o sin solución de continuidad», así que una interrupción entre contratos no reinicia la cuenta. La ley cuenta los contratos por circunstancias de la producción aunque sean para un puesto distinto: el art. 15.5 ET habla del «mismo o diferente puesto de trabajo». Además, es fija la persona que ocupe un puesto que haya estado cubierto más de 18 meses en un periodo de 24 con estos contratos, aunque lo hayan ocupado otras personas.

El cómputo también se aplica entre empresas del mismo grupo mercantil, lo que ha sido objeto de litigio especialmente en el sector de la limpieza y de los servicios públicos externalizados, donde es habitual la rotación entre filiales de una misma matriz. La doctrina ya consolidada considera que la pertenencia al grupo se acredita con cualquier indicio de unidad de dirección, control accionarial o gestión común, y que la sucesión de contratos entre filiales activa el cómputo del encadenamiento igual que si fuera la misma empresa.

El umbral de 18 meses no se aplica a los contratos formativos ni a los de sustitución, que tienen reglas propias. Tampoco a los relevistas ni a los celebrados en programas públicos de empleo-formación. Pero sí a la totalidad de los temporales del art. 15.2 ET y a los celebrados como fijos-discontinuos que se interrumpan irregularmente. La Inspección revisa el encadenamiento con especial atención en sectores con tradición de rotación: hostelería, agricultura, atención telefónica, comercio en grandes superficies, eventos.

Sanciones LISOS por fraude

El régimen sancionador del fraude en la contratación temporal se articula en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, conocida en la práctica como LISOS.

Su artículo 7.2 tipifica como infracción grave «la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva». Es decir, cualquier desviación de la causalidad legal.

La cuantía de la sanción se gradúa en función de tres tramos. En su grado mínimo, la multa oscila entre 1.000 y 2.000 euros; en el grado medio, entre 2.001 y 5.000 euros; en el grado máximo, entre 5.001 y 10.000 euros (art. 40.1.c bis LISOS). La graduación toma en cuenta la dimensión de la empresa, la reincidencia, la concurrencia de varias infracciones y el perjuicio causado al trabajador.

La cuantía se aplica por cada trabajador afectado, lo que en plantillas medianas puede multiplicar rápidamente el coste total: una inspección que detecta 20 contratos temporales fraudulentos en grado medio supone una sanción agregada de entre 40.020 y 100.000 euros, antes de añadir liquidaciones de cuotas y otros recargos.

Pero la sanción económica no agota el coste para la empresa.

La conversión retroactiva del contrato a indefinido obliga a recalcular las cuotas a la Seguridad Social ingresadas como temporales y a pagar la diferencia con la cotización del indefinido, más los recargos por mora del art. 30 LGSS (10 % si se paga en el primer mes y 20 % después, cuando se presentaron las declaraciones en plazo; 20 % y 35 % si no se presentaron) y los intereses de demora.

En supuestos de plantillas amplias, ese recálculo retroactivo puede triplicar el importe de la sanción inicial impuesta por el inspector actuante.

Indicadores prácticos de fraude

Estas señales ayudan a detectar un posible fraude en la contratación temporal. No son una lista legal: son una guía práctica para revisar un contrato antes de reclamar.

  1. Causa expresada vaga o genérica: «necesidades de la empresa», «aumento de actividad» o «sustitución de plantilla» sin más detalle. El art. 15.2 ET exige especificidad y la falta de detalle es por sí sola motivo de conversión.
  2. Encadenamiento de varios contratos por la misma persona, en el mismo o en distinto puesto, con interrupciones breves entre contrato y contrato. El art. 15.5 ET cuenta los periodos «con o sin solución de continuidad».
  3. Duración del contrato superior a 6 meses sin convenio sectorial que lo permita: el tope ordinario es de 6 meses y solo el convenio sectorial puede elevarlo hasta un año. Si no consta convenio aplicable, el exceso es fraudulento.
  4. Plantilla mayoritariamente temporal en un sector con actividad estable. Es un indicio de que la temporalidad cubre necesidades permanentes, aunque el art. 15 ET no fija un porcentaje.
  5. Funciones de la persona contratada como temporal que coinciden con las del personal indefinido del mismo puesto. La jurisprudencia exige que la temporalidad responda a una necesidad coyuntural, no a un puesto estructural disfrazado.
  6. Falta de identificación nominal en la sustitución. El art. 15.3 ET exige especificar «el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución». Quien es contratado incumpliendo el artículo adquiere la condición de fijo (art. 15.4 ET).
  7. Sucesión entre empresas del mismo grupo con interrupciones cortas. La doctrina del «grupo de empresas a efectos laborales» acumula los periodos como si fuera la misma empresa.
  8. Llamamiento desordenado en el fijo-discontinuo: saltar a personas con mayor antigüedad o llamar fuera de orden es despido improcedente con 33 días por año.

La ley y el Tribunal Supremo

Tres reglas conviene tener presentes al diseñar la contratación. Dos salen del propio artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. La tercera la ha fijado el Tribunal Supremo en una sentencia de 2025.

  • Identificación nominal en sustitución. El contrato debe especificar «el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución» (art. 15.3 ET). Incumplir el artículo convierte a la persona en fija (art. 15.4 ET).
  • Causa específica y verificable. El art. 15.1 ET exige que «se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal», las circunstancias que la justifican y su conexión con la duración prevista.
  • Indemnización del fijo-discontinuo. Según la STS 442/2025, de 20 de mayo, «no se calcula sobre la base de los años naturales en que haya estado en la empresa sino con base en los periodos de actividad». La misma sentencia incluye los contratos temporales previos en fraude de ley cuando respondían a una necesidad intermitente o cíclica.

Para empresas y profesionales que estructuran su plantilla, la lectura es clara. La causa temporal debe constar con precisión en el contrato y ser real. Si no lo es, la consecuencia legal es la condición de fijo.

Caso práctico con cifras 2026

Consideremos un caso típico recurrente en los informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aquí presentado en forma anonimizada con cifras ilustrativas. Una empresa de hostelería en zona turística firma durante cada temporada (de mayo a octubre) contratos temporales por circunstancias de la producción a su plantilla de camareros, con causa expresada como «aumento de actividad por temporada de verano». En invierno la empresa cierra parcialmente y solo conserva al equipo directivo. El patrón se repite igual cada año.

En supuestos como este, la Inspección suele constatar que se trata de actividad previsible y cíclica, encajable como fijo-discontinuo conforme al art. 16 ET, y no como temporal del 15.2. La causa expresada es genérica («aumento de actividad»), sin la especificidad exigida por la doctrina del Supremo. Por añadidura, varios trabajadores acumulan más de 18 meses de servicios efectivos en periodos de 24, lo que activa la conversión automática del 15.5. En este ejemplo concreto la empresa cuenta con 35 trabajadores afectados.

El cómputo final fue contundente. Sanción del art. 7.2 LISOS en grado medio: 35 trabajadores × 2.500 € por trabajador = 87.500 €. Liquidación retroactiva de cuotas de Seguridad Social por diferencia entre la cotización temporal y la indefinida durante los tres años anteriores: aproximadamente 42.000 €. Recargo por mora del 20 % aplicado a esa liquidación: 8.400 €.

Indemnización a los trabajadores que ya habían cesado por la diferencia entre los 12 días del 15.2 y los 20 días del fijo-discontinuo: en torno a 28.000 €. Conversión automática a fijos-discontinuos de los 22 trabajadores con vínculo vigente al momento del acta. Total agregado para la empresa: algo más de 165.000 euros, sin contar costes de defensa jurídica. La regularización se aceptó sin recurso y la empresa pactó un calendario de pago con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambió con la reforma laboral de 2022?
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, restringió de manera drástica la causalidad de la contratación temporal. Hasta entonces existían el contrato por obra o servicio determinado y el eventual por circunstancias de la producción como vías habituales; tras la reforma, solo subsisten dos modalidades temporales causales (sustitución de persona trabajadora y circunstancias de la producción), con duración máxima de 6 meses ampliable por convenio sectorial hasta un año, y todo lo que no encaje en esos supuestos debe celebrarse como indefinido ordinario o como fijo-discontinuo. La consecuencia práctica se ve en la Encuesta de Población Activa: la tasa de temporalidad de los asalariados bajó del 25,38 % a finales de 2021 al 15,5 % a finales de 2024.
¿Cuántos meses puedo encadenar contratos temporales sin que se convierta en indefinido?
El art. 15.5 ET fija el umbral en 18 meses dentro de un periodo de 24 meses, computando los contratos por circunstancias de la producción celebrados con la misma empresa o con el mismo grupo de empresas, para el mismo o para diferente puesto de trabajo. Superado ese umbral, el trabajador adquiere automáticamente la condición de fijo, sin necesidad de demanda y con efectos desde el día en que se acreditó el exceso. También es fija la persona que ocupe un puesto que haya estado cubierto más de 18 meses en un periodo de 24 con estos contratos. La Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social aplican el cómputo con especial dureza tras la reforma de 2022.
¿Qué diferencia hay entre fijo-discontinuo y temporal por circunstancias de la producción?
El fijo-discontinuo es un contrato indefinido para trabajos de naturaleza estacional o cíclica previsible (campaña de Navidad, vendimia, temporada turística, contratos públicos repetitivos), con derecho a llamamiento ordenado al inicio de cada campaña y antigüedad acumulada a efectos de trienios (la indemnización por despido solo computa los periodos trabajados, STS 442/2025). El temporal por circunstancias de la producción, regulado en el art. 15.2 ET, se utiliza para puntas imprevisibles de actividad y tiene duración máxima de 6 meses ampliable a un año por convenio sectorial, sin posibilidad de prórroga sucesiva. También permite atender situaciones ocasionales y previsibles durante un máximo de 90 días al año (120 en el sector agrario y agroalimentario), que no pueden usarse de forma continuada. La diferencia económica para el trabajador es muy notable: el fijo-discontinuo acumula derechos como cualquier indefinido y cobra indemnización de 20 días por año al cese si procede; el temporal del 15.2 cobra solo 12 días por año al término del contrato.
¿Cuánto sanciona la Inspección de Trabajo por un contrato temporal fraudulento?
Según el art. 7.2 de la LISOS (RDLeg 5/2000), la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales es infracción grave, con multa en su grado mínimo de 1.000 a 2.000 euros, en grado medio de 2.001 a 5.000 euros y en grado máximo de 5.001 a 10.000 euros, por cada trabajador afectado (art. 40.1.c bis LISOS). Además, la Inspección puede imponer la conversión retroactiva del contrato a indefinido y reclamar las cuotas a la Seguridad Social no ingresadas por el exceso de temporalidad, sumando un coste agregado que en plantillas medianas supera con facilidad los 50.000 euros por campaña inspeccionada.
¿El periodo de prueba cuenta como temporal o como indefinido?
Cuenta como indefinido a todos los efectos. El art. 14 ET establece que durante el periodo de prueba el trabajador disfruta de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador del mismo grupo profesional, salvo la posibilidad de extinción libre por cualquiera de las partes sin necesidad de causa ni indemnización. Para contratos indefinidos, el periodo máximo de prueba es de 6 meses para técnicos titulados y 2 meses para el resto (3 meses si la empresa tiene menos de 25 trabajadores). En el contrato formativo en alternancia no cabe periodo de prueba.
¿Qué hago si me ofrecen un contrato temporal que sospecho que es fraudulento?
El primer paso es leer con detalle la causa expresada en el contrato: el art. 15.2 ET exige que el contrato temporal por circunstancias de la producción identifique con precisión la causa habilitante (qué punta de actividad, qué circunstancia objetiva), no basta con fórmulas genéricas tipo "necesidades de la empresa". Si la causa expresada es vaga o no se ajusta a la realidad del puesto, conviene firmar (para no perder el empleo) pero guardar copia firmada del contrato, los partes de trabajo y cualquier prueba de que el puesto era estructural y no coyuntural. Pasados unos meses, una denuncia anónima a la Inspección de Trabajo o una demanda de declaración de indefinido ante el Juzgado de lo Social tras la finalización pueden recuperar derechos. Si la empresa da por terminado tu contrato temporal, tienes 20 días hábiles para impugnarlo como despido (art. 59.3 ET). No esperes: reclamar cantidades con el contrato terminado sigue teniendo un año (art. 59.2 ET), pero la acción contra el fin del temporal caduca a los 20 días hábiles.

Fuentes. RDL 2/2015, texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, especialmente arts. 11, 14, 15, 16 y 49 (BOE-A-2015-11430); Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral (BOE-A-2021-21788); RDL 5/2000, texto refundido de la LISOS, arts. 7.2 y 40.1 (BOE-A-2000-15060); RDL 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, art. 30 (recargo por mora).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 442/2025, de 20 de mayo (ECLI:ES:TS:2025:2396). Datos de temporalidad: INE y Ministerio de Trabajo (Encuesta de Población Activa).