Qué es la incapacidad temporal
La incapacidad temporal es la situación en la que la persona trabajadora no puede prestar servicios por causa de enfermedad o accidente y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Está regulada en los artículos 169 a 176 del Real Decreto Legislativo 8/2015, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Da igual que el origen de la dolencia sea común o profesional.
No es lo mismo que el descanso por el nacimiento de un hijo, que no es una baja médica: se trata en el permiso y la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Si trabajas por cuenta propia, las reglas cambian: lo explicamos en la baja médica del autónomo.
En el lenguaje administrativo se la conoce por sus siglas IT, y en el habla cotidiana simplemente como «baja». Coloquialmente se distinguen tres situaciones que el sistema trata con reglas distintas: la enfermedad común, el accidente no laboral y la contingencia profesional, que engloba accidente de trabajo y enfermedad profesional listada en el cuadro oficial.
El trabajador en situación de IT cobra una prestación económica calculada sobre la base de cotización de la Seguridad Social. También recibe la asistencia sanitaria pública o concertada y conserva su contrato de trabajo en suspenso, conforme al art. 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.
La empresa, por su parte, está obligada a mantener al trabajador de alta y a cotizar por él durante toda la IT. Eso no cambia aunque la prestación económica la abone directamente la mutua colaboradora con la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según corresponda. Esta dualidad empresa-mutua es la fuente más frecuente de litigios cuando hay desacuerdo sobre el origen profesional o común de la dolencia.
Para tener derecho a la prestación se exige un periodo mínimo de cotización en la enfermedad común de 180 días dentro de los últimos cinco años. En el accidente y la enfermedad profesional no se exige periodo previo.
La cuantía depende del porcentaje aplicable y de la base reguladora. En la enfermedad común, esta se calcula como la base de cotización del mes anterior dividida entre el número de días del mes. En las contingencias profesionales, la ley fija desde el 1 de diciembre de 2026 una fórmula propia, que suma aparte las horas extraordinarias del año anterior y se explica más abajo.
Tramos de cobro: 60 %, 75 %, 100 %
El sistema español distingue cuatro etapas en el cobro de la IT. En la enfermedad común y el accidente no laboral, los días 1 al 3 desde la fecha del parte de baja no generan prestación pública alguna salvo que el convenio colectivo aplicable mejore el régimen general, lo cual es habitual.
Del día 4 al 20, ambos inclusive, se percibe el 60 % de la base reguladora. El subsidio está a cargo de la empresa los días 4 a 15 y, desde el día 16, de la entidad gestora o colaboradora, normalmente la mutua. A partir del día 21, el porcentaje sube al 75 % de la base reguladora hasta el alta o hasta agotar la duración máxima.
Por último, si el convenio mejora la prestación, el complemento empresarial cubre la diferencia hasta el 100 % del salario habitual durante un número limitado de días por baja.
En las contingencias profesionales —accidente de trabajo y enfermedad profesional— la escala es más generosa. No hay franja inicial sin cobro: el subsidio, del 75 % de la base reguladora, se abona desde el día siguiente al de la baja, y el día de la baja lo paga la empresa con el salario íntegro. La base reguladora incluye las horas extraordinarias de forma separada, con la fórmula que la ley fija desde el 1 de diciembre de 2026 y que explicamos en el apartado de cambios de esta guía.
Mejora por convenio colectivo
El convenio colectivo aplicable es la pieza decisiva para saber qué cobrará realmente un trabajador durante la baja. La mayoría de convenios sectoriales y empresariales incorporan una mejora voluntaria de la IT, que la empresa está obligada a abonar como complemento salarial.
El alcance varía mucho, así que hay que leer el convenio propio. Dos ejemplos estatales publicados en el BOE lo muestran. El XXV convenio de banca reconoce durante dieciocho meses, en la baja por enfermedad, una mejora hasta el 100 % de lo que correspondería por convenio (BOE-A-2025-47).
El de grandes almacenes 2023-2026 complementa la prestación hasta el 100 % del salario base de grupo. En enfermedad común o accidente no laboral, sin embargo, no se cobra nada los tres primeros días; se abonan al terminar el año si no hubo otro proceso (art. 50, BOE-A-2023-13740).
La mejora por convenio se devenga como salario ordinario, cotiza a la Seguridad Social y tributa en IRPF como rendimiento del trabajo de manera idéntica a una nómina normal. No hay tratamiento fiscal preferente.
Conviene verificar dos cosas. La primera, que la empresa aplica correctamente la mejora desde el día 1 (en muchos casos se exige una antigüedad mínima). La segunda, que el cálculo cubre los conceptos que dispone el convenio: algunas mejoras se limitan al salario base sin pluses, otras incluyen complementos fijos como la antigüedad.
Si la empresa no aplica la mejora pese a ser exigible según convenio, el trabajador puede reclamarla por la vía del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores (impago salarial) con intereses de demora al 10 % anual. El plazo de prescripción es de un año desde cada nómina impagada conforme al art. 59.2 ET. La papeleta de conciliación SMAC previa interrumpe la prescripción.
Duración: 365 + 180 días de prórroga
El art. 169.1.a) de la LGSS fija la duración máxima ordinaria de la IT en 365 días desde la fecha del parte inicial de baja. Llegado ese plazo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede acordar tres salidas distintas.
La primera, el alta médica sin más, con efectos económicos al día siguiente y obligación de reincorporación inmediata. La segunda, una prórroga de hasta 180 días adicionales (lo que eleva el máximo total a 545 días) cuando el INSS entiende que es previsible la recuperación dentro de ese plazo y los facultativos así lo dictaminan.
La tercera, el inicio del expediente de incapacidad permanente con propuesta de grado por el equipo de valoración de incapacidades (EVI) provincial.
Existe una cuarta posibilidad menos conocida. Al agotarse los 545 días, la ley manda examinar el estado del trabajador, en un plazo máximo de noventa días naturales, para calificar la incapacidad permanente que corresponda (art. 174.2 LGSS).
Pero si el tratamiento sigue y se espera una mejora que permita volver al trabajo, esa calificación puede retrasarse el tiempo preciso. El límite es de 730 días naturales, sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos. Es una vía excepcional, ligada a casos clínicos concretos, como la oncología, la traumatología compleja con cirugías sucesivas o la patología neurológica.
Obligaciones durante la baja
Durante la situación de IT, el trabajador asume tres obligaciones principales. Su incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde la pérdida temporal de la prestación hasta su extinción definitiva.
La primera, asistir a todas las revisiones médicas convocadas por el médico de atención primaria, por la mutua colaboradora con la Seguridad Social o por el INSS. La incomparecencia injustificada suspende cautelarmente el subsidio mientras se comprueba si hubo causa (art. 175.3 LGSS) y, si no la hubo, lo extingue (art. 174.1 LGSS). Solo justifica faltar una causa de fuerza mayor o un problema de salud que impida físicamente el desplazamiento.
La segunda obligación es no realizar actividades incompatibles con la dolencia que motivó la baja. La jurisprudencia de la sala social del Tribunal Supremo ha matizado esta regla: no toda actividad es incompatible, solo aquellas que retrasen la recuperación o demuestren capacidad para el desempeño habitual del puesto.
La tercera obligación es incorporarse al puesto al día siguiente del alta. No tienes que entregar los partes a la empresa: el médico te da una copia, el servicio de salud o la mutua envía los datos al INSS y el INSS los comunica a la empresa (art. 7 del RD 625/2014).
Alta médica y recurso
El alta médica es uno de los momentos más conflictivos de toda IT. Puede provenir de tres orígenes distintos según el momento en el que se produce y la entidad que la firma.
Durante los primeros doce meses, el alta la emite el médico de atención primaria del Servicio Público de Salud autonómico, la mutua colaboradora cuando es contingencia profesional o, en supuestos de inspección, el inspector médico del INSS. Si el trabajador discrepa, interpone reclamación previa en el plazo de once días desde la notificación y, si se la deniegan, presenta la demanda en veinte días (art. 71.2 y 71.6 LRJS).
Tras los 365 días de baja, el alta solo puede provenir del inspector médico del INSS, normalmente como resultado del expediente de revisión que abre el equipo de valoración de incapacidades. En ese supuesto el trabajador dispone de cuatro días naturales para manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud (art. 170.3 LGSS).
Lo más relevante es que la baja se considera prorrogada hasta que el alta adquiere plenos efectos, como máximo a los once días naturales, salvo que la inspección sanitaria discrepe del criterio del INSS. Es decir, el trabajador sigue de baja mientras se sustancia ese trámite, lo que es la pieza más protectora del procedimiento.
En este caso no hace falta reclamación previa: si el alta se confirma, la demanda ante el Juzgado de lo Social se presenta en veinte días desde que el alta adquiere plenos efectos (art. 71.1 y 71.6 LRJS). La demanda no suspende los efectos del alta. El trabajador debe reincorporarse al puesto y, si la sentencia le da la razón, recuperará la prestación con efectos retroactivos. Esta asimetría procesal explica por qué la mayoría de los litigios sobre alta médica se concentran en la fase administrativa previa.
De IT a incapacidad permanente
Cuando la IT alcanza el plazo máximo y las lesiones permanecen, el INSS está obligado a calificar la situación como incapacidad permanente, lo que tiene consecuencias económicas y administrativas muy distintas. El expediente lo instruye el equipo de valoración de incapacidades (EVI) provincial, que emite una propuesta de grado tras analizar los informes médicos, las pruebas funcionales y la descripción del puesto de trabajo habitual. Los grados, regulados en los arts. 193-200 LGSS, son cuatro y determinan tanto la prestación económica como las consecuencias sobre el contrato.
La incapacidad permanente parcial reconoce una disminución no inferior al 33 % del rendimiento normal de la profesión habitual, sin llegar al grado de total. Se compensa con una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora, y el contrato de trabajo se mantiene.
La incapacidad permanente total inhabilita para la profesión habitual, pero permite ejercer otra distinta. Da derecho a una pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora (75 % para mayores de 55 años con dificultad probada para encontrar empleo).
El contrato no se extingue de forma automática: tienes 10 días naturales desde la notificación para pedir por escrito mantener la relación laboral, y la empresa dispone de 3 meses para hacer ajustes o cambiarte de puesto. Solo puede extinguirlo si el ajuste es una carga excesiva, si no hay vacante compatible o si rechazas el cambio (art. 49.1.n ET).
La incapacidad permanente absoluta inhabilita para todo trabajo y da derecho a una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora. La gran invalidez añade la imposibilidad de realizar los actos más esenciales de la vida diaria sin asistencia de tercera persona. En ambos grados se aplica el mismo criterio sobre el contrato: no se extingue por sí solo (art. 49.1.n ET).
Esa asistencia se compensa con un complemento sobre la pensión. La ley suma el 45 % de la base mínima de cotización vigente y el 30 % de la última base del trabajador. Nunca lo deja por debajo del 45 % de la pensión sin complemento (art. 196.4 LGSS).
Las pensiones de incapacidad permanente son revisables a partir del plazo que fija la resolución que las reconoce, y antes si trabajas o hay error de diagnóstico (art. 200 LGSS). En la práctica eso las hace estables, pero contingentes a una eventual mejoría clínica.
Caso práctico con cifras 2026
Tomemos el caso de una trabajadora del sector servicios afiliada al régimen general, con salario bruto mensual de 1.800 € en 14 pagas (incluyendo pagas extras prorrateadas), antigüedad de 7 años y contrato indefinido a tiempo completo. La base de cotización del mes anterior a la baja, una vez sumada la prorrata de pagas extras, asciende a 2.100 €. La base reguladora diaria, calculada sobre un mes de 30 días, es de 70 € (2 100 ÷ 30).
Si entra en baja por enfermedad común el día 1 de un mes y permanece de baja durante 45 días, las cifras son las siguientes. Días 1 a 3: 0 € de prestación pública (salvo mejora de convenio). Días 4 a 20 (17 días): 70 € × 60 % × 17 = 714 €. Días 21 a 45 (25 días): 70 € × 75 % × 25 = 1 312,5 €. Total prestación pública: 2 026,5 €.
Supongamos ahora que el convenio de comercio aplicable mejora la prestación al 100 % los primeros 30 días por baja. La empresa abonaría además el complemento hasta ese 100 %. Son tres tramos. Los tres primeros días, sin prestación pública: 70 € × 100 % × 3. Del 60 % al 100 %, durante 17 días: 70 € × 40 % × 17. Del 75 % al 100 %, durante 10 días: 70 € × 25 % × 10. En total, 861 € en concepto de complemento empresarial.
Si la misma trabajadora sufriera un accidente laboral en lugar de una enfermedad común, las cifras serían distintas. Para no inventar una base distinta, usamos la misma de 70 € diarios y suponemos que no hay horas extraordinarias. Con el 75 % desde el primer día, sin franja inicial, los 45 días de baja arrojarían una prestación de 2.362,50 € (70 € × 75 % × 45), más la mejora de convenio que correspondiera. Si hubiera horas extraordinarias, se sumarían aparte con la fórmula que explicamos más abajo.
Qué cambia desde el 1 de diciembre de 2026
El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, se publicó en el BOE del 21 de octubre y entró en vigor ese mismo día. Reforma varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social sobre la incapacidad temporal, pero casi todos se aplican más tarde. La disposición final cuarta aplaza sus efectos:
«Las modificaciones introducidas en los artículos 144.4, 169.1.a), 171, 172 y 173.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 23.2 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, así como los artículos cuarto, quinto y sexto, producirán efectos el día primero del segundo mes siguiente al de la publicación.»
Disposición final cuarta, apartado 2, Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre (BOE del 21 de octubre de 2026).
La norma se publicó en octubre, así que el segundo mes siguiente es diciembre. Los nuevos artículos 144.4, 169.1.a), 171, 172 y 173.1 producen efectos el 1 de diciembre de 2026. Hasta el 30 de noviembre valen las reglas que describen los apartados anteriores de esta guía.
Hay una cautela. Es un real decreto-ley y necesita la convalidación del Congreso. Con las Cortes disueltas por el Real Decreto 806/2026, que convoca elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, le corresponde a la Diputación Permanente (artículo 78.2 de la Constitución). Cuando redactamos esta guía, el 23 de octubre de 2026, estaba pendiente de convalidación. Si no se convalida, deja de aplicarse.
La base reguladora toma otro mes
El nuevo artículo 171.2 cambia el mes de referencia. Para las contingencias comunes dice:
«2. La base reguladora para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes será el resultado de dividir el importe de la base de cotización por dichas contingencias del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, por el número de días a que dicha cotización se refiera.»
Artículo 171.2, primer párrafo, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
Dicho sin jerga: se toma la base de cotización del mes que va justo antes del mes previo a la baja. Si la baja empieza en diciembre, el mes previo es noviembre y la base que cuenta es la de octubre. Cuando cobras una retribución mensual y estuviste de alta todo el mes, esa base se divide entre treinta.
Un ejemplo con cifras inventadas, solo para ver el mecanismo. Una baja por enfermedad común empieza el 15 de diciembre de 2026. La base de cotización hipotética de octubre es de 2.100 € y la de noviembre, también hipotética, de 2.250 €. Con la regla nueva, la base reguladora diaria es de 70 € (2.100 ÷ 30). Con el mes anterior a la baja, que es la referencia de los apartados anteriores, sería de 75 € (2.250 ÷ 30).
Del día 4 al 20, el 60 % da 42 € al día con la regla nueva y 45 € con la referencia al mes anterior. Son cifras de ejemplo, no las de ninguna persona. La diferencia real depende de cuánto cambie la base de un mes a otro.
Para las contingencias profesionales, el artículo 171.2 fija una fórmula con dos partes:
«En el supuesto de contingencias profesionales, la base reguladora será el resultado de sumar la base de cotización por contingencias profesionales del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, sin horas extraordinarias, dividida por el número de días a que corresponda dicha cotización, más las horas extraordinarias realizadas en el año anterior al mes previo al del hecho causante divididas entre 365 días.»
Artículo 171.2, tercer párrafo, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
La primera parte usa la base por contingencias profesionales del mismo mes de referencia, sin horas extraordinarias, dividida entre los días a que corresponde esa cotización. A ella se suman las horas extraordinarias realizadas en el año anterior al mes previo al de la baja, divididas entre 365.
Si entraste en la empresa hace poco
El artículo 171.3 resuelve los casos de ingreso reciente, en los que no existe base del mes de referencia:
«3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la persona trabajadora haya ingresado en la empresa en el mes anterior al del hecho causante, para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes o por contingencias profesionales correspondiente al mes inmediatamente anterior al del hecho causante, dividido entre el número de días a que dicha cotización se refiera.» «Cuando la persona trabajadora hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes del hecho causante, para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes o profesionales correspondiente a los días transcurridos desde el día de alta en la empresa hasta el día anterior al de la baja médica, inclusive, y se dividirá por el número de días a que dicha cotización se refiera.»
Artículo 171.3, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
En la práctica: si entraste el mes anterior al de la baja, cuenta la base del mes inmediatamente anterior al de la baja. Si entraste el mismo mes de la baja, cuenta la base de los días trabajados, desde el alta en la empresa hasta el día anterior al de la baja médica.
Los autónomos tienen su propia regla. El artículo 318.h los excluye del nuevo artículo 171.2 y 3 y toma la base del «mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante», dividida entre treinta. Esa letra no figura entre las que aplaza la disposición final cuarta, de modo que se aplica desde la publicación del decreto-ley.
En la baja, el decreto-ley no cambia nada del artículo 309. Desde el 1 de enero de 2023, la base de cotización mensual del autónomo que sigue de alta mientras la cobra ya es definitiva y no se regulariza. Si se convalida, el decreto-ley extiende esa regla desde el 1 de enero de 2027 a la prestación por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. Lo explicamos en la calculadora de la cuota de autónomos.
Las situaciones especiales, reordenadas
El artículo 169.1.a) reordena las situaciones especiales de incapacidad temporal y las numera de la 1.ª a la 5.ª. La ley las llama «situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes». Son estas:
- 1.ª Menstruación incapacitante secundaria e interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras la mujer recibe asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud y está impedida para el trabajo. Si la interrupción se debe a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, es incapacidad temporal por contingencias profesionales.
- 2.ª Gestación de la trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena.
- 3.ª Donación de órganos o tejidos para su trasplante. Comprende los días de preparación médica de la cirugía, discontinuos o seguidos, y los transcurridos desde el ingreso hospitalario hasta el alta por curación.
- 4.ª Nueva: trastorno menopáusico secundario codificado. Está explicada en la guía de la baja por menopausia.
- 5.ª Nueva: lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido cónyuge de la mujer o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia.
Violencia de género: los documentos que pide la ley
La quinta situación exige documentación. El texto dice qué documentos valen y cuándo deben existir:
«5.ª Aquellas en las que pueda encontrarse la mujer como consecuencia de lesiones causadas por el hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad, aun sin convivencia, mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el trabajo como consecuencia de dichas lesiones. A tal efecto, será necesario que con anterioridad al alta médica por curación o mejoría hayan sido expedidos los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, orden de protección, resolución que acuerde una medida cautelar o informe del Ministerio Fiscal que recoja la existencia de indicios de violencia de género; o bien que se hubiera dictado sentencia condenatoria. El facultativo médico del Servicio Público de Salud identificará estas situaciones especiales mediante la correspondiente codificación.» «En dichos documentos deberá figurar de forma expresa la relación de causalidad entre la lesión que dio lugar a la situación especial de incapacidad temporal y el acto de violencia que determina la condena, protección o inicio de la investigación.»
Artículo 169.1.a), 5.ª, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
Es decir, antes del alta médica por curación o mejoría debe existir alguno de esos documentos, o una sentencia condenatoria, y en ellos tiene que constar la relación de causalidad entre la lesión y el acto de violencia. La identificación de la situación la hace el médico del Servicio Público de Salud con su codificación.
Cuánto se cobra y quién paga en esas situaciones
El nuevo artículo 171.1 fija la cuantía. En la donación de órganos, el subsidio es el cien por cien de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Para las otras cuatro situaciones dice:
«Por su parte, en las situaciones previstas en el artículo 169.1.a).1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª la prestación consistirá en un subsidio de cuantía equivalente a la del subsidio de incapacidad temporal por contingencias comunes, si bien se abonará en los términos previstos en el artículo 173.1.»
Artículo 171.1, último párrafo, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
La remisión al artículo 173.1 es la del pago. El nuevo texto dice que, en las situaciones especiales del artículo 169.1.a), el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja. Lo paga la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal por contingencias comunes, y la empresa abona el salario íntegro del día de la baja.
Es un cambio respecto a la redacción vigente hasta el 30 de noviembre. Según el artículo 173.1 actual, la menstruación incapacitante secundaria y la donación de órganos se cobran a cargo de la entidad gestora o colaboradora «desde el mismo día de baja». El texto nuevo no distingue entre las cinco situaciones.
Cotización previa exigida
El nuevo artículo 172 mantiene el mínimo de 180 días en los últimos cinco años para la enfermedad común y distingue las situaciones especiales:
«a) En caso de enfermedad común, 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. En las situaciones especiales previstas en el artículo 169.1.a).1.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª no se exigirán periodos mínimos de cotización.» «En la situación especial prevista en el artículo 169.1.a).2.ª se exigirá que la persona interesada acredite los periodos mínimos de cotización señalados en el artículo 178.1 según la edad que tenga cumplida en el momento de inicio del descanso, tomando como referencia la fecha de la baja médica.»
Artículo 172, letra a), Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
Por tanto, la menstruación incapacitante, la interrupción del embarazo, la donación de órganos, la menopausia y las lesiones por violencia de género no piden cotización mínima. La gestación desde la semana 39 sí exige los periodos del artículo 178.1, según la edad de la trabajadora al empezar el descanso, con la fecha de la baja médica como referencia.
Qué bajas se rigen por las reglas nuevas
La disposición transitoria primera fija a quién se aplican las nuevas situaciones especiales:
«Las modificaciones introducidas por este real decreto-ley en materia de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes serán aplicables a los procesos de incapacidad temporal iniciados a partir de su entrada en vigor.»
Disposición transitoria primera, Real Decreto-ley 31/2026.
El decreto-ley entró en vigor el 21 de octubre, pero esos artículos producen efectos el 1 de diciembre. El texto no aclara cómo se combinan ambas fechas para una baja iniciada entre las dos. Hasta que haya desarrollo o criterio del INSS, lo prudente es contar con el 1 de diciembre como fecha de partida.
Cuidado de menores con cáncer: desde el 23 de octubre de 2026
El mismo decreto-ley reforma otra prestación de la Seguridad Social que no es una baja, la del cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Aquí no hay aplazamiento. Los artículos 190, 191 y 192 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores producen efectos desde el 23 de octubre de 2026:
«Las modificaciones introducidas en los artículos 190, 191 y 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como en el artículo 37.6 del texto refundido del Ley del Estatuto de los Trabajadores, producirán efectos el día 23 de octubre de 2026.»
Disposición final cuarta, apartado 2, Real Decreto-ley 31/2026.
La prestación compensa la reducción de jornada de, al menos, un 50 % para cuidar de forma directa, continua y permanente al menor. La exposición de motivos explica la primera novedad: «se permite el reconocimiento del derecho en aquellos casos en los que, si bien no existe un ingreso hospitalario del menor, requiere de tratamientos médicos de igual intensidad».
El nuevo artículo 190.1, sin embargo, no enumera esos casos. Habla de «ingreso hospitalario o situación asimilada en los términos que reglamentariamente se desarrollen». Ese desarrollo es el Real Decreto 957/2026, que regula las situaciones asimiladas en su artículo 4 y entra en vigor el 5 de enero de 2027.
Según su disposición transitoria única, las solicitudes presentadas desde esa fecha pueden acreditar el ingreso hospitalario, o las situaciones asimiladas, aunque se produjeran antes. Hace falta que, el día de la solicitud, la persona causante no haya recibido el alta médica desde el diagnóstico y que subsistan los demás requisitos.
Las edades están en el artículo 190.3, y los límites de los 23 y los 26 años ya existían. El de los 23 años rige desde el 1 de enero de 2022, y el de los 26, desde el 1 de abril de 2023. En las edades, lo nuevo del decreto-ley es la prórroga excepcional más allá de los 26 años:
«3. Se mantendrá la prestación económica hasta los 23 años cuando, alcanzada la mayoría de edad, persistiera el padecimiento del cáncer o la enfermedad grave, diagnosticada anteriormente, y subsistiera la necesidad de hospitalización o tratamiento y de cuidado durante los mismos, en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores.» «No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer la prestación hasta que la persona causante cumpla 23 años en los supuestos de padecimiento de cáncer o enfermedad grave diagnosticada antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los apartados anteriores, salvo la edad.» «Asimismo, se mantendrá la prestación económica hasta que la persona causante cumpla 26 años si antes de alcanzar los 23 años acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.» «Excepcionalmente se prevé la prórroga del derecho a la prestación más allá de los 26 años en aquellos casos en los que las personas causantes acrediten una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o bien tengan reconocido el grado III de dependencia, siempre que persista la convivencia con la persona beneficiaria y continúen acreditándose las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores.»
Artículo 190.3, Ley General de la Seguridad Social, redacción del Real Decreto-ley 31/2026.
- Hasta los 18 años, regla general.
- Hasta los 23 años. El límite de edad ya existía antes del decreto-ley, pero la condición cambia. Antes hacía falta la «necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado»; ahora basta la «necesidad de hospitalización o tratamiento y de cuidado». Sigue exigiéndose que persista el cáncer o la enfermedad grave diagnosticada antes de la mayoría de edad.
- Hasta los 26 años, como antes del decreto-ley, si antes de cumplir los 23 acredita además una discapacidad igual o superior al 65 %.
- Más allá de los 26 años es la novedad, con carácter excepcional. Hacen falta una discapacidad igual o superior al 65 % o el grado III de dependencia, que siga la convivencia y que continúen los cuidados.
El artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores recoge las mismas edades para la reducción de jornada.
Otras dos novedades afectan al reparto entre progenitores. El derecho «podrá ser reconocido a favor de una de ellas o a favor de ambas de forma alternativa o simultánea». Y en el disfrute simultáneo, cada persona cobra el 50 % de su respectiva base reguladora por contingencias profesionales, con independencia del porcentaje de reducción de jornada que haga cada una. En el uso individual, el subsidio es el 100 % de esa base, en proporción a la reducción de la jornada.