Un plan de pensiones es un instrumento de ahorro y previsión de carácter voluntario, pensado para complementar la pensión pública de jubilación. Se nutre de las aportaciones del partícipe, que se invierten en un fondo de pensiones gestionado bajo un reglamento prefijado, y sus prestaciones solo pueden cobrarse en las contingencias previstas por la normativa: jubilación, incapacidad permanente, dependencia o fallecimiento. A esas contingencias se suman algunos supuestos excepcionales que permiten el rescate anticipado, como la enfermedad grave acreditada, el desempleo de larga duración y, desde 2025, la antigüedad de diez años desde la primera aportación.
Desde 2022, el tope de aportación anual que reduce la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha quedado fijado en 1.500 € para los planes individuales, una cifra que puede ampliarse hasta 8.500 € adicionales mediante contribuciones empresariales a planes de empleo, conforme al artículo 52 de la Ley del IRPF. Los autónomos disponen de una vía propia para incrementar su ahorro fiscal: pueden aportar hasta 4.250 € adicionales a los planes de empleo simplificados creados por la Ley 12/2022 —hasta 5.750 € en total, combinando ese importe con el límite general de 1.500 € del plan individual—, una figura diseñada específicamente para el colectivo y que abre un margen de ahorro adicional muy relevante en bases altas.
Cuando llega el momento del rescate, la prestación cobrada del plan tributa como rendimiento del trabajo en el IRPF del beneficiario. Si el rescate se realiza en forma de capital, se aplica una reducción del cuarenta por ciento a la parte correspondiente a aportaciones anteriores al 1 de enero de 2007, en aplicación del régimen transitorio recogido en la disposición transitoria duodécima de la Ley del IRPF. Es un detalle que sigue marcando diferencias significativas en la factura fiscal de quienes empezaron a aportar antes de esa fecha. Esa reducción no está disponible sin límite de tiempo: el apartado 4 de la propia disposición transitoria duodécima solo permite aplicarla a las prestaciones percibidas en el ejercicio en que acaece la contingencia —jubilación, incapacidad, dependencia o fallecimiento— o en los dos ejercicios siguientes. Pasada esa ventana de tres ejercicios en total, el derecho a la reducción se pierde para siempre, aunque el capital siga sin rescatar. El desarrollo completo de esta ventana temporal, con ejemplos por año de contingencia, está en la guía de rescate del plan de pensiones.
Un ejemplo práctico permite visualizar el ahorro fiscal real. Tomemos un trabajador con base liquidable de 50.000 €, lo que sitúa su tipo marginal cerca del treinta y siete por ciento, que aporta los 1.500 € del máximo individual. La aportación reduce su base liquidable hasta 48.500 € y le ahorra en IRPF cerca de 555 € (esos 1.500 € multiplicados por el tipo marginal). Si su empresa contribuye además 8.500 € a un plan de empleo, el ahorro fiscal adicional puede superar los 3.000 € en el mismo ejercicio. Un autónomo con la misma base liquidable puede aportar 1.500 € a un plan individual y otros 4.250 € a un plan de empleo simplificado al amparo de la Ley 12/2022 —5.750 € en total, no 7.250 €—, combinando ambos vehículos para alcanzar un ahorro fiscal de hasta unos 2.130 €.
El rescate admite tres modalidades —capital, renta o mixto— y cada una tiene consecuencias fiscales muy distintas. Cobrar todo el plan en forma de capital, mediante un único pago, obliga a tributar de golpe esa cantidad como rendimiento del trabajo en el ejercicio del rescate, lo que suele empujar al contribuyente hasta el tipo marginal máximo del cuarenta y siete por ciento estatal sumado al recargo autonómico que corresponda. Cobrar en forma de renta vitalicia o temporal, en cambio, distribuye la tributación a lo largo de varios años y mantiene los tipos marginales más bajos en cada ejercicio. La fórmula mixta —combinar una parte en capital con la reducción del cuarenta por ciento sobre aportaciones anteriores a 2007 y otra parte en renta— maximiza la ventaja fiscal cuando existen derechos consolidados anteriores al 1 de enero de 2007.
Entre los errores más habituales conviene anotar cuatro. El primero, rescatar todo el plan en un solo año tras la jubilación, lo que concentra la tributación en el tipo marginal máximo y termina anulando buena parte del ahorro fiscal acumulado durante años de aportaciones. El segundo, no aprovechar el rescate por antigüedad de diez años, disponible desde 2025 sin más requisitos, cuando coincide con un año de ingresos bajos en el que la cuota soportada sería menor. El tercero, confundir las aportaciones a planes individuales (con su límite de 1.500 € que reduce base) con las aportaciones a planes de empleo (con un tope adicional de 8.500 €): se trata de topes independientes y acumulables. Y el cuarto, olvidar declarar las prestaciones percibidas cuando el plan procede de la empresa, asumiendo por error que la retención practicada por la Seguridad Social ya cierra la tributación.