Qué es la factura electrónica B2B y por qué no es lo mismo que Verifactu
La factura electrónica B2B que regula la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas —más conocida como Ley Crea y Crece— no tiene nada que ver, en su origen ni en su propósito, con el sistema Verifactu del RD 1007/2023. Ese sistema ya se ha explicado en esta web en su guía propia. Confundir ambas regulaciones es un error habitual, y conviene cortarlo de raíz antes de entrar en materia.
Verifactu es una relación emisor–Hacienda. Su función es que el software de facturación genere registros inalterables —huella hash, cadena, firma electrónica, código QR— y, en la modalidad con remisión, los envíe en tiempo real a la AEAT. Lo que se controla es la integridad del programa, no el formato del documento que se entrega al cliente.
La factura electrónica B2B, en cambio, es una relación emisor–receptor. Lo que regula la Ley Crea y Crece es que la factura que una empresa entrega a otra sea un mensaje electrónico estructurado, con campos estandarizados que un sistema pueda leer sin intervención humana. Ese mensaje se transmite a través de una plataforma privada de intercambio o de la solución pública que gestiona la AEAT.
La finalidad es distinta: aquí se trata de facilitar el intercambio entre empresas y el seguimiento de los plazos de pago, no de controlar la integridad del programa de facturación.
Ambas obligaciones coexisten y un autónomo o pyme tendrá que cumplir las dos simultáneamente a partir del momento en que cada una le resulte aplicable. La buena noticia es que lo lógico es que un mismo programa de facturación cubra ambas capas, de modo que el usuario no tenga que hacer nada distinto en su día a día. Pregunta a tu proveedor si lo hará.
En el mejor de los casos emites la factura en tu programa y el sistema genera el mensaje estructurado (obligación Crea y Crece) y registra la huella y el QR (obligación Verifactu). Si estás en modalidad con remisión, además, envía el registro a la AEAT al instante.
La Ley 18/2022 (Crea y Crece): qué establece y cómo se desarrolla
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas se publicó en el BOE el 29 de septiembre de 2022. Su artículo 12 modifica el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 para extender la obligación de expedir y remitir factura electrónica a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Así lo resume el preámbulo del Real Decreto 238/2026.
Los requisitos técnicos y de información del sistema los fija ese real decreto, aprobado el 25 de marzo de 2026 y ya en vigor (artículo 1.1). Los elementos técnicos de la solución pública los concreta, a su vez, una orden ministerial: la Orden HAC/1028/2026 (BOE de 5 de octubre de 2026). La ley fija el marco general; el reglamento y la orden dicen cómo se ejecuta.
El Real Decreto 238/2026 concreta el alcance. La obligación se aplica cuando el destinatario de la operación es un empresario o profesional con sede de su actividad, establecimiento permanente o, en su defecto, domicilio o residencia habitual en España (art. 3.1). Quedan exceptuadas las facturas simplificadas, salvo las simplificadas cualificadas (art. 4.1).
El sistema persigue también la lucha contra la morosidad comercial. Los destinatarios deben comunicar a la solución pública el pago efectivo completo de cada factura o su rechazo (art. 12). Con esos datos, la AEAT da acceso a los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Industria y Turismo a la información necesaria para el seguimiento de los plazos de pago (art. 14.1).
Para los autónomos personas físicas y las entidades en atribución de rentas con hasta 8 millones de euros de volumen de operaciones, informar de esos estados será voluntario durante sus doce primeros meses de obligación (disposición transitoria tercera).
Calendario de implantación: quién tiene que adaptarse y cuándo
El reglamento que faltaba ya existe. Es el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, publicado en el BOE núm. 79 del 31 de marzo de 2026. Este real decreto desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y añade un artículo 8 bis al Reglamento de facturación (RD 1619/2012). Su disposición final cuarta fijó la entrada en vigor «a los veinte días de su publicación», de modo que la norma está vigente desde abril de 2026.
Ahora bien, aquí está el matiz que casi nadie cuenta bien y que conviene entender antes de fiarse de ninguna fecha cerrada: la obligación no arranca con el reglamento. El propio Real Decreto difiere su aplicación efectiva y cuenta los plazos desde la entrada en vigor de una orden ministerial de desarrollo que concreta los requisitos técnicos. Es la Orden HAC/1028/2026, publicada el 5 de octubre de 2026 y en vigor desde el día siguiente. Sobre esa referencia se articulan las dos fases:
- Fase 1 — Empresas con más de 8 millones de euros de volumen de operaciones: obligadas doce meses después de la entrada en vigor de esa orden ministerial.
- Fase 2 — Resto de empresas, pymes y autónomos: obligados veinticuatro meses después de esa misma fecha. Es la fase que afecta al grueso de autónomos y pymes que hoy facturan en PDF o en papel.
La consecuencia práctica es importante: con la orden ya en vigor los plazos están en marcha desde el 6 de octubre de 2026. No fijamos aquí un día exacto de vencimiento para cada fase: la norma habla de doce y de veinticuatro meses después de la entrada en vigor de la orden, y esa es la referencia segura. Lo que sí está fijado es el orden y la distancia entre fases, contados desde el mismo punto de partida.
Hay una salvedad para las empresas de la primera fase. Durante los doce meses siguientes a la fecha en que la norma se les aplique, deberán acompañar cada factura electrónica de un documento en PDF que asegure su legibilidad. La excepción es que el destinatario acepte voluntaria y expresamente recibirla en su formato original. Ese PDF se envía al destinatario por cualquier medio y no se remite a la solución pública (disposición transitoria segunda del RD 238/2026).
Conviene matizar un detalle que suele pasar desapercibido en las lecturas rápidas. El umbral de los 8 millones de euros se mide por el volumen de operaciones del año natural inmediato anterior, calculado conforme al artículo 121 de la Ley 37/1992 del IVA, y no por la facturación del año en curso.
El escenario actual se resume así: la orden ya está en vigor, los plazos corren desde el 6 de octubre de 2026 y el resto del tejido productivo tiene veinticuatro meses contados desde esa fecha. Aun así, conviene no dejarlo para el último trimestre: migrar con calma, en temporada baja de facturación, reduce los errores en las primeras facturas.
Formato de la factura electrónica: norma EN16931 y cuatro sintaxis admitidas
El Real Decreto 238/2026 no impone un único formato. Su artículo 7.1 exige que la factura electrónica sea un mensaje informático estructurado, ajustado al modelo semántico de datos EN16931 del Comité Europeo de Normalización, y permite cuatro sintaxis: CII, UBL, mensaje EDIFACT de factura y mensaje Facturae. Facturae, el formato español, es una de las cuatro opciones, no un requisito. El real decreto tampoco fija una versión concreta de Facturae.
La solución pública de facturación electrónica, que gestiona la AEAT, trabaja con el modelo EN16931 bajo la sintaxis UBL (artículo 3.1 de la Orden HAC/1028/2026). Si la factura no se emite por la solución pública, la plataforma o el sistema de facturación utilizado debe remitirle, al tiempo de emitirla, una copia electrónica fiel en UBL (artículo 6.2 del real decreto y 4.1 de la orden).
El receptor no necesita trabajar en el mismo formato que el emisor. Las plataformas privadas de intercambio deben tener capacidad de transformar el mensaje de factura entre todos los formatos admitidos, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido (artículo 7.2). Y las facturas emitidas por plataformas privadas deben ir firmadas con firma electrónica avanzada, directamente por el emisor o mediante firma delegada autorizada (artículo 7.3).
La diferencia fundamental con un PDF es que el mensaje estructurado es procesable automáticamente: un sistema de gestión puede leerlo, extraer los datos, contabilizar la factura y cruzarla con el pedido sin que ningún humano tenga que teclear nada. Un PDF, por muy bien formateado que esté, no entrega esos datos en campos normalizados: para pasarlos a otro sistema hay que leerlos o teclearlos, con los errores que eso implica.
La factura electrónica de la Ley 18/2022 cierra esa brecha: obliga a que el intercambio se haga en un formato que ambas partes puedan procesar automáticamente.
Plataformas de intercambio: FACe, la solución pública B2B y el sector privado
El ecosistema de plataformas de facturación electrónica en España tiene dos patas distintas. La primera es FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas), el punto de entrada de las facturas electrónicas dirigidas a la Administración. Pero FACe está diseñado exclusivamente para la facturación al sector público: si facturas a un ministerio o a un ayuntamiento, usas FACe; si facturas a otra empresa privada, FACe no te sirve.
La segunda es el sistema español de factura electrónica B2B. El Real Decreto 238/2026 lo define como el conjunto de las plataformas privadas de intercambio que cumplan sus requisitos y la solución pública de facturación electrónica, que gestiona la AEAT y hace además de repositorio de facturas (artículo 5.1). La factura puede emitirse por plataformas privadas, por la solución pública o combinando ambas vías (artículo 5.2). Si no has identificado públicamente un punto de entrada para recibir facturas, se entiende que es la solución pública (artículo 6.3).
Los requisitos para operar como plataforma privada ya están fijados. Para formar parte del sistema, deben poder conectarse con la solución pública y cumplir una lista de requisitos del artículo 13.1. Entre ellos están la certificación ISO/IEC 27001, o equivalente, para su sistema de gestión de la seguridad de la información y el uso de protocolos seguros de transmisión que cumplan las especificaciones AS2 o AS4.
También deben poder intercambiar facturas en todas las sintaxis admitidas, transformar el mensaje entre ellas y garantizar la interconexión y la interoperabilidad gratuitas con otras plataformas. Estas exigencias producen efectos para las plataformas transcurridos doce meses desde la entrada en vigor de la orden (disposición final cuarta, apartado 2).
Cómo afecta al autónomo con poco volumen de facturación
Para un autónomo que emite pocas facturas al mes a clientes empresa, la transición a la factura electrónica B2B puede ser menos traumática de lo que sugieren los titulares. La razón es sencilla: la mayor parte del trabajo de adaptación no recae sobre el autónomo, sino sobre el software que utiliza.
Si ya usas un programa de facturación en línea, lo normal es que esa adaptación llegue como una actualización de producto. Conviene preguntar a tu proveedor, por escrito, cuándo incorporará la emisión en alguna de las sintaxis admitidas y cómo conectará con la solución pública o con una plataforma privada.
Lo que sí cambia, y conviene ser honesto con ello, es la forma en que el autónomo entrega la factura a su cliente. Hoy, el flujo habitual es generar un PDF desde el programa y enviarlo por correo electrónico. Con la factura electrónica B2B, el programa genera la factura como mensaje estructurado y la envía a través de una plataforma de intercambio o de la solución pública.
Si va por una plataforma privada, debe llevar firma electrónica avanzada (artículo 7.3 del RD 238/2026). El autónomo puede seguir viendo y guardando una representación visual (PDF) para su archivo interno, pero el documento fiscal legítimo entre las partes es el mensaje estructurado.
El caso del autónomo que hoy factura con Word, Excel o una plantilla casera es distinto y requiere un paso adicional: pasar a una herramienta que genere factura electrónica estructurada. El propio Real Decreto 238/2026 prevé que la facturación electrónica pueda hacerse mediante la solución pública de la AEAT (artículo 5.2), de acceso gratuito (artículo 11.10).
También encarga a la AEAT una aplicación o formulario gratuito que, bajo determinadas condiciones, permitirá expedir facturas electrónicas a través de ella (disposición adicional primera). Si prefieres un programa comercial, pide el presupuesto por escrito.
Verifactu + factura electrónica B2B: cómo conviven las dos obligaciones
Cuando le alcancen las dos obligaciones, un autónomo o pyme de territorio común tendrá que cumplir a la vez dos regulaciones que, aunque viajan por carriles normativos distintos, convergen en un mismo punto práctico: el software de facturación.
Verifactu (RD 1007/2023 y Orden HAC/1177/2024) exige que cada factura emitida genere un registro inmutable con huella hash, cadena y código QR. Ese registro se firma electrónicamente y se conserva (modalidad sin remisión) o se envía en tiempo real a la AEAT (modalidad Verifactu con remisión). En esta segunda modalidad basta la huella y no hace falta la firma (artículo 16.3 del Reglamento).
La factura electrónica B2B (Ley 18/2022) exige que esa misma factura se entregue al receptor en formato electrónico estructurado a través de una plataforma de intercambio o de la solución pública.
En la práctica, cuando se apliquen las dos obligaciones, el flujo técnico de una factura será el siguiente. El autónomo introduce los datos de la operación en su programa —o este los importa automáticamente de un presupuesto aceptado o de un pedido—.
El software genera la factura como mensaje estructurado, calcula la huella hash del registro Verifactu, encadena el nuevo registro con el anterior y genera el código QR con el enlace a la sede de la AEAT. Si está en modalidad Verifactu con remisión, envía el registro a Hacienda en ese mismo instante.
A continuación, transmite la factura al receptor a través de la plataforma de intercambio correspondiente o de la solución pública. En un programa que integre ambas capas, todo esto puede suceder de forma automática, sin que el usuario tenga que hacer dos operaciones separadas.
Lo que conviene exigir al proveedor de software, antes de firmar cualquier contrato o renovación, es que implemente ambas capas en la misma versión del producto. Un programa que sea Verifactu pero no genere factura electrónica estructurada obligaría al autónomo a usar una herramienta adicional para la conversión, lo que multiplica costes y errores.
Un programa que genere factura electrónica estructurada pero no cumpla Verifactu dejaría al autónomo expuesto a las sanciones del art. 201 bis de la LGT. La combinación mínima viable para un autónomo prudente es un único programa que cubra las dos obligaciones.
Pasos concretos para prepararte antes de que la obligación te alcance
La adaptación a la factura electrónica B2B sigue una secuencia lógica que conviene abordar con tiempo. No es que el proceso sea técnicamente complejo para la mayoría de autónomos: es que las prisas del último momento multiplican los errores y los costes de soporte. Migrar con calma, en temporada baja de facturación, deja margen para corregirlos.
- Identifica tu tramo de obligación. Los plazos cuentan desde el 6 de octubre de 2026, cuando entró en vigor la Orden HAC/1028/2026. Si tu volumen de operaciones del año natural inmediato anterior superó los 8 millones de euros, entrarás en la primera fase, 12 meses después de esa entrada en vigor; si no, en la segunda, 24 meses después.
- Audita tu software actual. Pregunta a tu proveedor, por escrito, en qué sintaxis del RD 238/2026 genera su producto las facturas: CII, UBL, EDIFACT o Facturae. Pregúntale también si integrará el envío a través de la solución pública o de plataformas de intercambio. Si la respuesta es ambigua o no la obtienes, empieza a buscar alternativas.
- Verifica la compatibilidad Verifactu del mismo software. Tu programa tiene que cubrir las dos obligaciones. Pide declaración responsable de adecuación al RD 1007/2023. Si el software genera factura electrónica pero no cumple Verifactu, necesitarás una herramienta adicional o una migración.
- Comprueba la firma electrónica. Las facturas emitidas por plataformas privadas deben ir firmadas con firma electrónica avanzada, directamente por el emisor o mediante firma delegada autorizada (art. 7.3 del RD 238/2026). Si usas certificado digital propio y está caducado o próximo a caducar, renúevalo antes de la migración. Si tu proveedor firma por delegación, verifica que la autorización está en orden.
- Comunica el cambio a tus clientes habituales. Envía un aviso formal —un correo con acuse de recibo es suficiente— informando de que a partir de la fecha X tus facturas se emitirán en formato electrónico estructurado. Pregúntales por qué vía quieren recibirlas: si no han acordado contigo una plataforma privada, se entiende que optan por la solución pública (artículo 6.1 del RD 238/2026). El aviso evita fricciones operativas el día del cambio.
- Haz una prueba real con un cliente de confianza. Antes de activar la factura electrónica para todo tu catálogo de clientes, emite una o dos facturas de prueba a un cliente colaborador y verifica que la factura llega, se procesa y se contabiliza correctamente en su sistema. Si hay errores de formato, de campos vacíos o de firma inválida, este es el momento de detectarlos.
- Elige la vía de envío y de recepción. El real decreto permite usar la solución pública, una plataforma privada o ambas. Si recibes por una plataforma privada, debes hacer público tu punto de entrada de facturas en tus comunicaciones con otros empresarios y profesionales y, si la tienes, en tu página web (artículo 6.3). Prueba el circuito de entrega y confirmación.
- Monitoriza las primeras semanas. Revisa periódicamente el panel de tu software y de la plataforma de intercambio para detectar envíos fallidos, facturas rechazadas por formato incorrecto o firmas caducadas. Los errores técnicos son normales al principio y se corrigen rápido si se detectan a tiempo.